DGI: morosidad en el pago de impuestos asciende a $3 mil 751 millones

Tras semanas de espera, la Dirección General de Ingresos (DGI) finalmente respondió. En una extensa comunicación de más de nueve páginas, destaca un dato particularmente revelador: el elevado nivel de morosidad en el pago de los impuestos por parte de los contribuyentes.

Según el Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la DGI, que se encuentra dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto total de la morosidad en el pago de impuesto de los contribuyentes asciende a la suma de $3.751.6 millones.

De acuerdo con la DGI, la morosidad obedece principalmente a la falta de pago de tributos como el Impuesto Sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (Itbms), la Tasa Única de Sociedades y el Impuesto de Inmueble.

Esta cifra pone en evidencia uno de los principales retos que enfrenta la administración tributaria: el rezago en la recaudación efectiva de los ingresos que el Estado necesita para cumplir con sus funciones.

La Estrella de Panamá publicó sendos reportes que evidenciaron que el país se sigue endeudando para pagar sus gastos operativos y no para inversiones como suele hacer una nación con grado de inversión.

En el informe periodístico “Gobierno sigue pidiendo prestado para pagar planilla y subsidios” de La Decana del 26 de mayo, se evidenció que el gobierno continúa aumentando su ahorro corriente negativo, es decir que sus ingresos corrientes no son suficientes para enfrentar sus gastos corrientes y este estuvo en su punto más negativo en 2024, lo que evidencia la fragilidad de las finanzas públicas.

El MEF informó desde mayo que prevé la revisión de subsidios e intenta mejorar la fiscalización para frenar la evasión fiscal, sin embargo la DGI descartó una reforma tributaria a corto, mediano o largo plazo.

Consultado por este diario por la estrategia para aumentar la recaudación tributaria y así mejorar el balance fiscal y revertir la tendencia negativa del ahorro corriente, la institución detalló que se fundamenta en implementar las nuevas tendencias de la tributación.

“Para revertir la baja recaudación heredada del gobierno anterior, estamos trabajando en función del reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de febrero de 2025” para utilizar tecnología como la inteligencia artificial e implementar una mejor fiscalización de los contribuyentes.

De igual manera, que los contribuyentes migren a la factura electrónica, salvo las excepciones de la ley y que se recibe “mucha asesoría” del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

A su vez, la entidad añadió que se trabaja en los valores ciudadanos para que exijan su factura fiscal al pagar por bienes y servicios.

“Estamos trabajando para sistematizar los controles de los ingresos tributarios, reducir los costos administrativos, disminuir los niveles de incumplimiento y la contratación de personal con el perfil adecuado, para laborar en una administración tributaria”, cita el correo enviado por la dirección de relaciones públicos de la DGI, entidad liderada por Camilo Valdés.

Esto implicaría un plan de mejoramiento estructural de la entidad, incluyendo la adopción de un marco integral de gestión de riesgo, con una mayor coordinación e intercambio con otras instituciones gubernamentales como la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, el Registro Público y la Autoridad Nacional de Aduanas, añadió la comunicación oficial.

Nada indica el correo de la aplicación de auditorías a los precios de transferencia para evitar la evasión fiscal en las grandes empresas y multinacionales, donde estaría el mayor problema.

Según el último “boletín estadístico tributario” -publicado por la DGI- las empresas o personas jurídicas aportan apenas el 36% del total recaudado del Impuesto Sobre la Renta, mientras que las personas naturales o los asalariados la mayor contribución con el 64%.

El exdirector de la DGI, Publio Cortés Carvajal indicó a La Decana que el problema con la recaudación es la evasión fiscal que existe con las personas jurídicas, es decir las compañías porque tienen estrategias que involucran estructuras de triangulación vinculadas con el extranjero y esto se combate con la aplicación de auditorías a los precios de transferencia.

“No es justo que solamente se persiga a los más chicos o que le suban los impuestos al ciudadano de a pie, cuando la gran evasión de las empresas sofisticadas se deja intacta”, acotó en una pasada entrevista con este medio.

Además de digitalizar los servicios, la DGI reportó que aumentaron el equipo de inspectores, gestores de cobros, auditores fiscales y jueces fiscales, y que entre julio 2024 y mayo de 2025 visitaron 3.069 negocios y aplicaron multas por $1.721.300 en multas.

Adicional a esta morosidad existe una brecha de incumplimiento tributario que calcula la propia DGI “boletín estadístico tributario” de 2023, el más reciente.

La brecha de incumplimiento estimada para 2025 ronda los $8.797 millones solo en impuesto sobre la renta de personas jurídicas (empresas), cifra que representa cuatro veces los aportes del Canal durante año pasado, que sumaron $2.470 millones, reportó un informe de este diario “Evasión e inequidad fiscal: el problema de las deterioradas finanzas públicas”, del pasado 9 de junio.

Este “incumplimiento tributario son aquellas acciones que resultan en una pérdida en recaudación para el fisco por concepto de evasión, declaración tardía, omisión en declaraciones, elusión y renuncia fiscal” según el reporte de la DGI y citado en la nota periodística de La Decana.

No obstante, luego de la publicación de este diario, la DGI indicó que “en el caso del Boletín Tributario de 2023 debo manifestar que fue elaborado por la administración anterior, por tanto no somos responsables de lo que en el mismo se establece”.

Con esto pareciera que las respuestas de la DGI hubiesen sido redactadas por alguien ajeno a la entidad o que desconoce los procesos, toda vez que usualmente las cifras tributarias salen un año posterior.

Adicionalmente, el dato del incumplimiento de las personas jurídicas de 2023 comparado con el dato de la presión tributaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para toda América Latina, coinciden.

Panamá figura como el segundo peor país en recaudación de impuestos de América Latina con un 11,9%, solo antecedido por Guyana, un país petrolero.

“¿Cómo se puede decir que el documento es un informe de la DGI pero que la utilización del mismo puede conllevar a “interpretaciones erróneas” si está es una fuente oficial. Precisamente esta es la fuente oficial para hacer las estimaciones econométricas que sugieren y no se deben lavar las manos diciendo que fue un documento elaborado por el gobierno anterior”, opinó el expresidente del Colegio de Economistas y docente universitario Raúl Moreira.

De igual manera, este medio preguntó a la DGI cuáles son los incentivos fiscales o leyes que amparan que las actividades económicas que tienen mayores utilidades para que sean las que menos aporten aporten al fisco, pero la DGI indicó a groso modo que “existen muchas actividades comerciales con incentivos fiscales en Panamá”, sin precisarlo, a pesar de las más de dos semanas que se tardaron en enviar sus respuestas.