Corte civil salvadoreña admite totalidad de prueba contra expresidente Saca

Una corte civil de El Salvador admitió este miércoles la totalidad de la prueba presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso que enfrenta el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) por supuesto enriquecimiento ilícito en más de 4 millones de dólares.

Un representante del Ministerio Público aseguró a periodistas que los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil admitió más de 100 elementos de prueba documental y pericial.

También aseguró que los jueces no admitieron ninguna prueba presentada por la defensa de Saca y su esposa, Ana Ligia de Saca, por "no estar apegado a derecho".

El referido tribunal, según la Fiscalía, programó para el próximo 29 de abril la etapa final del juicio civil.

Este proceso civil fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en febrero de 2016 después de que su Sección de Probidad realizó una auditoría de sus bienes y halló 13 irregularidades en las declaraciones patrimoniales.

Saca paga actualmente una pena de 10 años por la malversación de más de 300 millones de dólares, mientras que su esposa enfrentará un juicio penal por su supuesta participación en esta trama de corrupción.

Saca, quien llegó al poder con la ahora opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, de derecha), es el segundo presidente de la historia reciente del país centroamericano en enfrentar un proceso civil.

El primero que vivió esta situación fue su sucesor, Mauricio Funes (2009-2014), del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda), quien fue condenado en noviembre de 2017 a devolver 419.145 dólares al Estado salvadoreño aunque el exmandatario actualmente vive en Nicaragua.

Estas causas civiles derivaron en sendos procesos penales, incluido uno en el que Funes es acusado de desviar y lavar más de 351 millones de dólares del presupuesto del Gobierno.

El Salvador perdió al menos 550,9 millones de dólares, equivalentes al 2,1 % de su Producto Interno Bruto (PIB), entre 1989 y 2014 por la corrupción, principalmente el gasto "secreto" de la Presidencia y obras públicas, según un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).