A propósito de Bukele: ¿qué presidentes de Latinoamérica cerraron el Congreso de su país?

Esta semana, luego de aprobar el ingreso de militares armados a la Asamblea Legislativa, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele dio un ultimátum a la bancada opositora de ese órgano, para que apoyara su solicitud de préstamo por $109 millones, con el fin de equipar a las fuerzas de seguridad y combatir las pandillas.

La acción encendió las alarmas de los países vecinos. Ante lo sucedido, el mandatario expresó "démosle una semana a estos sinvergüenzas. Los convocamos de nuevo si no aprueban el plan. Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Quedará en sus manos".

La convocatoria de Bukele se fundamentaba en el artículo 167 de la Constitución de su país, que establece que entre las potestades del Consejo de Ministros está el "convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden".

Sin embargo, la historia nos permite recordar que Bukele, no ha sido el primer mandatario latinoamericano que ha ordenado el cierre del Congreso.

En 1973, el presidente uruguayo, Juan María Bordaberry, con la ayuda del ejército y el decreto 464/973 disolvió este órgano.

Posteriormente, en 1976 —tres años más tarde— los militares que respaldaron a Bordaberry lo sacaron del poder al considerar que sus propuestas eran excesivas y dictatoriales.

El segundo cierre de Congreso en Latinoamérica se registró en Perú, en 1992. En ese entonces a Alberto Fujimori, —quien fue elegido presidente en 1990 sin contar con la mayoría del Parlamento— los congresitas le negaron un poder especial contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.

A partir de allí, la Cámara de Senadores inició una investigación contra Fugimori por presuntas violaciones a los derechos humanos. Lo que generó que en abril de 1992,  el mandatario ordenara un autogolpe de Estado y el cese del Congreso.

Posteriormente en 2017,  el mandatario venezolano Nicólas Maduro, emitió un fallo a través del Tribunal Supremo de Justicia, donde le arrebató los poderes legislativos al Parlamento —controlado por la oposición— para entregarle esa facultad a la Asamblea Nacional Constituyente, creada en ese gobierno para gestionar con poderes absolutos.