Entre el hambre y el coronavirus, el dilema de la reapertura en Latinoamérica

América Latina pasó de un solo caso confirmado, el pasado 26 de febrero en Brasil, a superar los 400,000 en poco más de dos meses; un número que no para de aumentar y que hace del Covid-19 un desafío de dimensiones colosales para una región de contrastes extremos.

Con respuestas diversas, desde restricciones parciales, cierre de comercios, confinamientos voluntarios o cuarentena total, casi todas las naciones latinoamericanas han tomado medidas para tratar de controlar el brote. Unas políticas que desde el principio fueron relativamente bien aceptadas por la población ante el temor del virus, pero que con el tiempo han ido perdiendo consenso frente a “otra pandemia” que acompaña a la región desde antes que apareciera el nuevo coronavirus: el hambre y la pobreza.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), durante los últimos cuatro años hubo un incremento de casi el 20% en la cantidad de personas que sufren crisis alimentaria en el mundo; en el caso de América Latina y el Caribe, casi 187 millones sufren inseguridad alimentaria moderada o grave, un escenario que se agravará con la pandemia junto a la economía.

El paro comercial está haciendo estragos en la vida de millones de familias en el continente, con pérdida de empleos, quiebra de medianos y pequeños comerciantes, y la paralización de las cadenas de suministros. Aunque todavía organismos y gobiernos ven prematuro hacer un balance definitivo, las proyecciones apuntan hacia una nueva “década perdida”, de allí que reactivar la economía se ha convertido en una prioridad pese a los riesgos de rebrotes aún más violentos.

Colombia, Panamá y Chile son algunos de los países que ya adelantaron medidas de apertura restringida en el plano económico o la movilidad. En el caso chileno, la estrategia de “cuarentenas dinámicas”, un confinamiento por sectores, resultó un fracaso. Este miércoles, Santiago ordenó el cierre completo ante el aumento de contagios.

Colombia, en tanto, liberó los sectores de la manufactura y la construcción, bajo el concepto de “aislamiento inteligente” en medio de tensiones con los gremios médicos y los imparables asesinatos de líderes sociales indistintamente de la pandemia.

Argentina ha relajado un poco la movilidad en ciudades de menos de 500,000 habitantes; mientras que en Brasil hay una pugna desatada entre el presidente Jair Bolsonaro y los gobiernos locales; el primero quiere una apertura total y ha denostado desde el principio la emergencia, frente a los segundos que insisten en que la medida podría profundizar la crisis. A la fecha, Brasil tiene la tasa más alta de contagios (197,000) y muertos (13,551) en la región.

Este martes la directora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcenas, advirtió que la recuperación económica tomará tiempo, por lo que acciones sociales urgentes deben ser la prioridad.

“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un estado de bienestar basado en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, señaló Bárcenas.

La Cepal ya adelantó en su último informe que el hambre y la pobreza serán unas de las principales amenazas a la estabilidad social en la región. El organismo estima para este año un incremento del 3.4% del desempleo y la caída del 5.3% del producto interno bruto, que se traduciría en un aumento del 34.7% de latinoamericanos en situación de pobreza, unas 214 millones de personas.

En una región en el que más de 140 millones de personas sobreviven en la economía informal, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las medidas de cuarentena y el “quédate en casa” se convierten en una dicotomía entre exponerse al virus para tener ingresos o permanecer en su casa “sano” y con hambre. Incluso la idea de protegerse en el hogar es un problema grave ante la baja calidad habitacional que existe en el continente. El Banco Mundial calcula que dos de cada tres familias tiene problemas de vivienda.

De acuerdo con Kyungsun Kim, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), en Panamá el problema no es solo la desigualdad previa a la crisis, sino que esta disparidad también se ha visto reflejada en las respuestas gubernamentales.

“Los recursos para enfrentar esta emergencia están distribuidos de manera muy desigual en la sociedad. Desde antes del inicio de la emergencia sanitaria, Panamá ya sufría de una muy desigual distribución de la riqueza, lo que se expresaba en altos índices de pobreza multidimensional en los niños”, subrayó Kim a La Estrella de Panamá.

Para la funcionaria de Unicef, en medio de este periodo de incertidumbre las respuestas institucionales deben atender retos impostergables: el derecho de los niños a una vida digna con alimentación balanceada, lo relacionado a los servicios de salud y reiniciar el sistema educativo.

“Nunca debemos olvidar que los niños son los más vulnerables entre los más vulnerables. El Estado está en la obligación de hacer un esfuerzo adicional para que no sean abandonados a su suerte los que tienen alguna forma de discapacidad, los que están privados de cuidados parentales, los que viven en zonas apartadas de difícil acceso y los migrantes”, puntualizó Kim.

Por su parte, la mayoría de los gremios y asociaciones empresariales de la región han pedido a los gobiernos acelerar la reapertura, posición que difiere con el campo médico, que piden extrema cautela. Esta es la posición de la organización Médicos Sin Fronteras que esta semana mostró su preocupación por el rápido aumento de los casos, especialmente en México, Perú, Chile, Bolivia y Ecuador; sin descartar incluso que América Latina se convierta en el “nuevo epicentro” de la pandemia.

En término similares se manifestó la Organización Panamericana de la Salud, apuntando al fortalecimiento de la cobertura sanitaria universal y el sistema de salud pública como claves en el crecimiento económico en tiempos de pandemia.

Panamá es uno de los países que ha tomado la delantera en la reapertura al implementar desde este miércoles 13 de mayo un plan gradual que autoriza inicialmente el funcionamiento de negocios minoristas a domicilio, talleres de mecánica y pesca artesanal, entre otros sectores. Un ensayo que en opinión del sociólogo e investigador Mario De León, es arriesgado ya que el Ejecutivo “no está atendiendo” como es debido las necesidades básicas de la población, lo que deja en duda la viabilidad de la reapertura a largo plazo.

“Las medidas urgentes que el Estado debería optar son dos a nivel de salud: masificar las pruebas e invertir en la cura (...) el sistema de bono por medio del número de cédula es una gran idea, el problema es que el Ejecutivo no está utilizando los fondos del Estado para solucionar los problemas de la población”, apunta De León, quien considera no hay suficiente transparencia en la gestión de los fondos en la crisis, “salvo el dinero que será destinado a los bancos”.

En términos similares se pronunció este jueves la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, que también tiene dudas si hay condiciones para darle trazabilidad al virus, una medida clave en la reapertura.

El gobierno del presidente Laurentino Cortizo adelantó que la hoja de ruta para la reapertura está sujeta a cambios, inclusive retomando medidas suspendidas de darse rebrotes.

La respuesta social de Panamá se ha concentrado principalmente en entrega de bonos de $80.00 y bolsas con comida, que de acuerdo a cifras oficiales ha beneficiado a 1,829,727 personas. Sin embargo, eso no ha frenado las protestas diarias que ocurren en todo el país cuestionando la escasez o falta de ayuda.

Una respuesta que está lejos de la planteada por la Cepal a la región, un ingreso básico de emergencia por los próximos seis meses mayor a los $80.00 y equivalente a una línea de pobreza, que permita a la gente sobrevivir a la pandemia mientras la economía se ajusta a la “nueva normalidad”, como ha denominado el Gobierno al escenario postCovid-19.