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18 de Jun de 2021

América

Presidente editor de El Nacional: 'Esto no es un embargo, es una toma militar'

El edificio del diario venezolano sufrió un embargo a raíz de una demanda del dirigente chavista, Diosdado Cabello. Miguel Henrique Otero nos habla en una entrevista

Embargo a la sede del diario El Nacional
Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) custodia desde la noche de este viernes las inmediaciones del diario venezolano "El Nacional" hoy, en Caracas (Venezuela).EFE

“Esto no es un embargo es una toma militar porque no se cumplió con ninguno de los procesos que dice la ley sobre un embargo o un juicio de difamación”, así aseveró Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, sobre el embargo que sufrió la sede del medio venezolano este viernes.

El embargo forma parte de la indemnización por "daño moral" de más de $13 millones ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por una demanda del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

Otero expresó a La Estrella de Panamá que en la noche de ayer, viernes, los guardias se presentaron sin aviso y sin haber hecho una citación. “Solo pusieron un aviso en la puerta y en ese momento entró un contingente de guardias nacionales con armas largas y desalojaron a todo el mundo; se quedaron en posesión del edificio diciendo que estaba expropiado”, dijo.

“Esto es un atropello que no tiene nombre. Todo es una venganza personal de Cabello que en la práctica utiliza el Gobierno, los tribunales y a la Guardia Nacional para su demanda personal. Sus acciones tienen efectos muy concretos sobre las políticas del Gobierno y termina siendo el hombre de poder en Venezuela”, criticó el presidente editor de El Nacional.

"A fin de cuentas, Cabello maneja los tribunales, la justicia, el partido y las finanzas del país porque su hermano administra toda la oficina de impuestos", añadió. 

La demanda

Cabello, diputado del Parlamento de Venezuela, demandó a El Nacional en agosto de 2015, después de que el rotativo replicara una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, reportó EFE.

El pasado 21 de abril, tras conocerse la sentencia, Cabello afirmó que tenía la intención de "ejecutar" los bienes de El Nacional, si este no le pagaba una indemnización por "daño moral" de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Si no pagas en efectivo, tenemos que ejecutar los bienes para resarcir los daños porque yo sí tengo moral", dijo Cabello durante su programa semanal 'Con el mazo dando', que emite el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) comunicó EFE.

El presidente de El Nacional indicó que la nota que ellos replicaron del diario español había sido enviada a las agencias y publicada por 80 periódico del continente.

Según Otero, Cabello realizó la demanda de difamación para un juicio penal, que nunca se hizo, pero al mismo tiempo introdujo un juicio civil con una demanda de indemnización del que el Tribunal Supremo sin una sentencia penal expuso la indemnización de $13 millones.

“Lo hicieron sin ninguna explicación de nada porque hablan de indemnización y una cantidad de otras cosas, entonces, el Tribunal Supremo dio la orden al Tribunal de Control para ejecutar la sentencia; la jueza de este último tribunal no se apareció por allá, pero sí la Guardia Nacional”, manifestó el presidente editor del medio.

“En la práctica es la toma de unos militares. Primero es una gran violación a la libertad de expresión y segundo es una violación del debido proceso. Es más, la nota decía que Cabello estaba siendo investigado y la DEA un año después dictó una orden de aprehensión contra él por sus vinculaciones con el narcotráfico y ofrece actualmente una recompensa de $10 millones por su cabeza, lo que quiere decir que, sí lo estaban investigando porque si no la DEA no hubiera llegado a esas conclusiones”, añadió.

“Seguimos publicando”

Otero contó que los 60 periodista que están en El Nacional seguirán informando desde la web.

“El que lee El Nacional en la web no va a notar ningún cambio entre ayer, hoy o mañana. Nosotros no imprimimos el periódico de hace dos años porque no tuvimos accesos al papel prensa, pero el trabajo que se realiza desde lo digital lo podemos hacer en cualquier parte del mundo”, destacó.

"Atropello contra la libertad de prensa"

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, expresó que el embargo político contra el diario venezolano El Nacional quedará en la historia de este siglo como uno de los más grandes atropellos contra la libertad de prensa en las Américas.

Canahuati enfatizó que el "nosotros venceremos" que emitió ayer como "grito de guerra" Diosdado Cabello, mientras la "justicia política del régimen" iniciaba el proceso de embargo de las instalaciones de El Nacional en Caracas, "es evidencia de que estamos frente a un embargo de carácter político para terminar de censurar una de las pocas voces independientes que quedan en el país".

"Es hora de que la comunidad internacional deje de mirar para otro lado y entienda que sin periodismo independiente hay poca esperanza de recuperar la democracia en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro debe sufrir las consecuencias por esta acción política en contra del periodismo libre e independiente”, mencionó el presidente del SIP.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, director del diario La Voz del Interior de Argentina, mostró su solidaridad para los directivos y personal de El Nacional.

"Ya habíamos advertido el final que tendría esta historia, a sabiendas de que en Venezuela la justicia está sometida al poder político y el régimen la utiliza como ariete en contra de todo lo que le incomode".

En el reciente informe semestral de libertad de prensa sobre Venezuela, la SIP advirtió que "sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. Se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente".

"El régimen de Venezuela intensificó la violencia y el acoso judicial contra periodistas; cerró ocho emisoras, y las páginas digitales de los medios sufren bloqueos discrecionales y se dispone a aprobar una ley para regular las redes sociales", relata el informe, tras el cual la SIP adoptó una resolución o plan de acción en contra del régimen.