Crisis, excesos e intereses: lo que hay tras las protestas en Colombia

Durante décadas los colombianos se han vanagloriado de ser uno de los países más felices del mundo. Un par de encuestas internacionales anuales suelen ubicarlo siempre entre los primeros cinco lugares del mundo. La razón, sin embargo, nunca ha sido la prosperidad de su geografía, la eficiencia de sus gobiernos o la facilidad con la que en sus ciudades se vive la vida. Posiblemente sea producto de la resiliencia que se necesita para sobrevivir en un país que ha vivido en conflicto casi desde su incepción; tal vez sea por los estrechos lazos comunitarios que unen a las poblaciones asediadas por la pobreza; o, quizá, simplemente, sea porque a los colombianos no les gusta decir que están tristes.

En todo caso, todo tiene sus límites, y el pasado 28 de abril la supuesta alegría de los colombianos alcanzó el suyo. Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades a protestar ¿La causa? Una impopular reforma tributaria impulsada por el impopular gobierno del actual presidente Iván Duque. En su forma inicial, el texto de la reforma buscaba un aumento importante de la carga fiscal, esto, en palabras del mismo gobierno, con el fin de “proteger a los más pobres”. Dicha carga fiscal ampliada provendría de dos fuentes: la eliminación de los productos exentos de impuesto del valor agregado (IVA), y la reducción del umbral desde el que se empieza a pagar impuesto de renta.

Eliminar los bienes exentos de IVA habría significado que productos como la carne, los huevos, el pollo, o la leche habrían empezado a pagar una tributación de un 19%. Con respecto a lo segundo, habría significado que, para 2024, todas las personas que ganen más de $2,400,000 pesos colombianos mensuales (unos 640 dólares) empezarían a pagar impuesto de renta.

Duque también buscaba aplicar el IVA a servicios básicos y a otras curiosidades como el internet y los servicios funerarios. Un punto que sobresale del proyecto, no obstante, es la clara segmentación de clases con el que fue diseñado, pretendiendo subsidiar la transferencia de recursos de la nación hacia las clases bajas con el esfuerzo fiscal de la clase media. Esto no fue ocultado en ningún momento, de hecho, era parte fundamental de la estrategia para lograr la aprobación de la llamada “Ley de Solidaridad”.

En Colombia, las personas se clasifican en estratos que van de 1 a 6 según su menor o mayor nivel socioeconómico. No por nada la mayoría de los nuevos impuestos que Duque intentaba crear llevaban el rótulo de “...solo aplica para estrato 4, 5 y 6”, con alguna que otra eventual inclusión del estrato 3.

Sumado a todo esto, mientras en Colombia se anunciaba el proyecto, el país transitaba por el tercer pico de la pandemia del SARS-CoV-2. Dadas las circunstancias, la decisión de Duque de tramitar la reforma tributaria resulta inexplicable. Sea cual sea la razón, el 2 de mayo el presidente colombiano retiró la Ley de Solidaridad del Congreso, presionado por el clima de violencia y desorden. Para el 14 de mayo, la Defensoría del Pueblo reportaba, al menos, 42 muertos y 168 desaparecidos.

Las marchas comenzaron el 28 de abril, pero no terminaron, de hecho, se han mantenido por más de dos semanas. Muy pronto, además, tomaron un cariz violento y caótico. Las imágenes de policías golpeando a civiles han estremecido a toda la población colombiana y le han dado la vuelta al mundo. A esto, poco después, se sumaron las escenas de personas saqueando establecimientos comerciales en tropeles que recordaban lo vivido durante el estallido social de Chile en 2019.

En una nación en la que el monopolio de la violencia es tan endeble como Colombia, donde conviven en un baile sangriento toda suerte de grupos criminales narcotraficantes con capacidad militar, alguno que otro par de anacrónicas guerrillas comunistas y organizaciones paramilitares de derecha radical, es muy fácil que cualquier escenario de tensión social se torne violento. No obstante, hasta hace muy poco Colombia no estaba acostumbrada a realizar protestas sociales masivas. Por esto, es difícil explicar la intensidad del fenómeno social vivido en el país.

La Policía, no obstante, es una de las principales causas de esta intensidad. De hecho, en septiembre de 2020 la mecha de los disturbios ya había amenazado con encender, luego de que varios policías asesinaran brutalmente en Bogotá a Javier Ordóñez, un abogado de 43 años. El incidente estaba lejos de ser un hecho aislado, la Policía en Colombia se ha configurado a lo largo del tiempo como una fuerza represiva que funciona bajo lógicas de violencia extrema como principal estrategia disuasiva. Y durante estas protestas han hecho honor a su fama.

Las razones para esto son hasta cierto punto lógicas. En primer lugar, la violencia –también extrema– de la guerra contra las drogas, ha hecho que esta institución de seguridad funcione bajo lógicas que se adaptan más a las de una guerra civil que a las del entorno urbano. En segundo lugar, la Policía en Colombia es parte de las Fuerzas Armadas y las fallas cometidas por sus miembros son juzgadas por la justicia penal militar. Desde luego, esto hace muy difícil que los delitos que cometan los miembros de la fuerza pública sean juzgados de manera transparente.

Para que haya un incendio se necesita, en todo caso, una masa crítica que prenda. Precisamente ese es un nuevo ingrediente de las protestas en Colombia que no existía en tiempos pasados, una nueva clase media que se aferra desesperadamente a su estatus recién adquirido.

Colombia tiene una economía poco diversa que depende en gran medida de la producción de hidrocarburos y minerales. Esto significó para el país andino haber vivido una bonanza petrolera entre los años 2004 a 2014, cuando los precios promedio del petróleo en el mundo tuvieron una subida histórica. Aunque la bonanza no fuera tan espectacular como la que vivió su vecino, Venezuela, los colombianos se empezaron a acostumbrar a vivir con relativas comodidades. No obstante, el Estado colombiano no fue capaz de utilizar el dinero extra para estimular la creación de mercados orgánicos autosuficientes y, cuando se acabó, muchos sectores empezaron a venirse abajo.

La mayoría de quienes se mantienen en pie de protesta en las marchas en Colombia son hijos de esta época, jóvenes nacidos a finales de los 90 y comienzos de la primera década del siglo XXI. Han vivido la mayor parte de su vida durante uno de los periodos de mayor crecimiento económico de su país, es decir, tienen mucho que perder ante las reformas fiscales del gobierno. A esto se suma, en lo político, el hecho de haber empezado a desarrollar su pensamiento crítico durante uno de los gobiernos más pluralistas que ha tenido Colombia, el del expresidente Juan Manuel Santos; esto los acostumbró a dar por sentado el derecho a la protesta y el disenso, algo que era un tabú para generaciones anteriores.

Paradójicamente, tal ambiente de disenso, pensamiento crítico y rebeldía, se han dado sobre el telón de fondo de un país que se encuentra cada año más polarizado, a cuenta de la figura política del expresidente Álvaro Uribe, cuyo estilo de política, de derechas y con tintes autoritarios, les resulta especialmente chocante. Esta polarización ha hecho que su modelo de país sea irreconciliable con el de la población que eligió y respalda a Duque –ahijado político de Uribe–. Así pues, esta es la masa crítica que se ha encendido con las protestas y se resiste a perder el poco terreno ganado en materia de calidad de vida durante la bonanza.

No hay que menospreciar el hecho de que las protestas, a pesar de coincidir con el torpe intento de reforma tributaria de Duque, se dan a un año de las próximas elecciones presidenciales de Colombia, en 2022. Sería ingenuo descartar el hecho de que hay grupos políticos que se pueden ver beneficiados por el caos social.

Un análisis a priori de la situación indicaría que el principal candidato de izquierdas de Colombia, Gustavo Petro, es el más beneficiado con la situación y, de hecho, el discurso de quienes se oponen a las marchas y los bloqueos se ha caracterizado por insinuar –y a veces asegurar–, que todo lo que está pasando ha sido orquestado por la influencia del movimiento petrista. A esto se suman otros sospechosos típicos, como los grupos guerrilleros comunistas. Hasta hoy, sin embargo, vale la pena señalar que el único grupo guerrillero que queda en Colombia con algún nivel militar significativo es el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Un examen más detallado, sin embargo, revela fuerzas y motivaciones más complejas en juego. Si bien las protestas pueden incrementar el voto castigo contra Iván Duque y su partido –el Centro Democrático–, la prolongación de los incidentes tiende, por el contrario, a aumentar el rechazo de la población que se mantiene neutral ante los eventos. El fantasma eterno de 'convertirse en Venezuela' hace que en Colombia las manifestaciones masivas de la izquierda terminen por volverse en su contra, como en un efecto de péndulo. Ante el miedo, es posible que la población se refugie en la paternalista figura de Álvaro Uribe, con la esperanza de que restablezca el orden y la seguridad. Hechos tan polémicos como los que se vivieron en Cali el 6 de mayo, cuando elementos de la Policía, vestidos de civil, empezaron a abrir fuego contra manifestantes, parecen dar algún sustento a esta teoría.

Si el desorden social incrementa el miedo de la población hacia Petro, y radicaliza el voto de la centro-izquierda, el uribismo podría encontrarse en 2022 con un panorama muy similar al de las elecciones en 2018. A pesar de que en aquella ocasión la izquierda obtuvo una votación histórica, el uribismo se impuso por más de 2 millones de votos, una votación un 10% superior. Sin importar la forma en la que se resuelva el caos actual, lo cierto es que solo dentro de un año, a boca de urna, se sabrá quién era el verdadero beneficiado detrás de la situación que, hoy, mantiene a Colombia en vilo.