La caída de Sudamérica: una peligrosa coincidencia sistemática

Los precios del cobre y del litio se han disparado desde el inicio de la pandemia. Los cambios económicos producto de la crisis sanitaria han impulsado las inversiones en energías renovables y motores eléctricos. En 2021, las inversiones en energía en el mundo crecieron un 10%, lo que representó una inyección de capitales a la industria minera de $1,9 mil millones con respecto a 2020. 70% de las inversiones en generación de energía fueron destinadas a proyectos renovables. Como consecuencia, la alta demanda de cobre disparó sus precios un 22% y mientras el litio aumentó su costo de venta un 91% con respecto a 2020.

El momento económico coincide con un giro político hacia la izquierda en Sudamérica. Bolivia, el país con las mayores reservas de litio en el mundo, reeligió en octubre de 2020 al partido Movimiento al Socialismo bajo la figura de Luis Arce y la sombra de Evo Morales. Perú, por su parte, tiene la segunda reserva más grande de cobre y de cinc en el mundo. Y el próximo 28 de julio, el autoproclamado marxista-leninista Pedro Castillo tomará posesión del despacho en la Casa de Pizarro. En Chile, el país con las reservas más grandes de cobre del mundo (superando a Perú y Australia por más de 100 millones de toneladas métricas de cobre), el candidato Daniel Jaude del partido comunista lidera las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Todos estos líderes de izquierda han prometido desde incrementos en los impuestos a las multinacionale, hasta la nacionalización y expropiación de infraestructura minera.

Indistintamente de sus planes políticos, está claro que los gobiernos de Bolivia, Chile y Perú recibirán una inyección cuantiosa de capitales en los próximos años producto de los altos precios de la materia prima. El Gobierno de Bolivia y sus políticas cuenta con el rechazo de más del 40% de su población. Pedro Castillo llegará a la Presidencia con 49,9% del país en total desacuerdo con sus planteamientos de reformas. Y el próximo presidente de Chile deberá consolidar su poder ante una sociedad fragmentada y asediada por grupos de izquierda radicales e independientes que prometen redactar una constitución que robustecerá el aparato estatal y su rol interventor en la sociedad. Estos gobiernos tienen la oportunidad de trazar un rumbo sostenible para el crecimiento económico de sus sociedades, pero también gravitan por sus políticas hacia un abismo parecido al venezolano.

Para la izquierda en Bolivia, el control de la exploración, extracción e industrialización del litio fue la razón del supuesto golpe de Estado a Evo Morales en noviembre de 2019. En el país andino, desde 2010, el litio y demás recursos naturales, como el gas natural, no son explotados directamente por empresas multinacionales, sino bajo el control del Estado. El gobierno utiliza los ingresos mineros para subsidiar un sinfín de programas sociales y el precio de los combustibles en el país (subsidio que representa 14% del déficit fiscal). Y en gran parte estos programas y subsidios lograron alzar de la pobreza a la clase media a 20% de la población en la última década. Sin embargo, a pesar de las enormes reservas de recursos naturales, Bolivia solo recibe 1,4% de la IED minera latinoamericana. Esto se debe a una gran inseguridad jurídica que puede o no estar relacionada con el hecho de que Bolivia es el noveno país más corrupto del planeta. Los altos precios del gas natural son un salvavidas para una economía corroída por la corrupción. La dependencia del Estado y la falta de IED han hecho de Bolivia el país menos innovador de América Latina y ocupa la posición 106 de 130 países en el mundo evaluado por el Índice Mundial de Innovación.

En Perú, los expertos temen o celebran que Pedro Castillo no podrá llevar a cabo su agenda comunista ante un congreso completamente fragmentado. Pero nada une a los políticos como el dinero y un voto fácil. En el mes de mayo los diputados aprobaron un proyecto de ley que declaró al litio y sus derivados un recurso estratégico de interés nacional. El consenso fue tal, que la legislación fue aprobada con 96 votos a favor y solo 5 en contra. La ley estará esperando la firma de Castillo cuando tome posesión. Durante su campaña, el profesor rondero prometió mayor control a las autoridades locales sobre el uso de los ingresos estatales producto de la explotación minera. Y si consideramos que 80 de los 190 conflictos sociales activos en el país están relacionados a la minería y que Perú es el país peor afectado por la pandemia en el planeta, con una contracción de más del 13% del PIB en 2020 y la tasa de muertes covid-19 per cápita más alta del mundo, podemos entonces entender que Castillo controlará la llave mágica para subsanar temporalmente las necesidades de sus opositores (la reelección) y de las poblaciones más necesitadas. Así que su insólito clamor por un Estado socialista interventor y un nuevo modelo económico contestatario al liberalismo estarán a su alcance si resulta ser un hábil político.

En Chile, la reconquista del poder por parte de la izquierda radical comenzó hace tres años. Las violentas protestas de 2019 y sus demandas disgregadas se plantaron al frente y ocuparon todo el escenario público, forzando la mano del gobierno a un proceso constituyente que solo contó con el apoyo de poco más del 35% del electorado total. La mayoría de la convención constituyente que se instaló la semana pasada ya se comprometió a desprivatizar los recursos naturales en la nueva carta magna. Y el abanderado Daniel Jaude, miembro del partido comunista prometió que de ser electo presidente en noviembre, buscará no solo intervenir en la autonomía del Banco Central y aumentar los impuestos hasta alcanzar un equivalente al 30% del PIB en recaudaciones, sino también tomar participación de la minas que presentemente están siendo explotadas por compañías extranjeras. Jaude también propuso la creación de un frente unido entre Argentina, Bolivia y Perú para armonizar sus exigencias frente un mundo en necesidad de cobre y litio.

Una triste modificación del antiguo adagio que dice que “aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla”, es saber que aun estudiando el pasado, muchos estamos penados a ver a los demás repetir viejas fórmulas e igualmente sufrir sus nefastas consecuencias. El Perú de Pedro Castillo está entre los 50 países más corruptos del mundo (a la par de Argelia y Zambia), y según el ranking de competitividad global, el país ocupa la posición 118 de 141 países encuestados en cuanto a visión de Estado a largo plazo (es decir entre los países con peor planificación de Estado). La falta de IED en Bolivia desnudó la insuficiencia de los subsidios y trasferencias directas del Estado. El desempleo se triplicó durante la pandemia, y ante un gobierno rentista y una economía sin innovación, los pobres quedaron a merced de los políticos y no del valor de su trabajo. Y en Chile, la violencia y agresividad con la que se pretende conseguir una reforma total del Estado trae consigo leves recuerdos de la polarización en los años 70 y el conflicto que produjo entre los poderes del Estado. La propuesta integracionista del cono sur del comunista Daniel Jaude, por prejuicio del autor, tiene un sabor similar al financiamiento de los regímenes socialistas en las Américas por parte de la revolución bolivariana. Ante este escenario de alta inseguridad jurídica, los economistas prevén una desaceleración importante a corto plazo de las nuevas inversiones en la minería. Con la excepción de un actor, que ya ha demostrado estar dispuesto a financiar gobiernos con tal de conseguir favores políticos y garantizar acceso a recursos vitales para las nuevas industrializaciones: China.

La conexión sistemática –por coincidencia o no– de actores autoritarios (por el simple hecho de no contar con mayorías representativas) en la región y con Pekín representan una amenaza a la democracia regional. El caso de Venezuela y Bolivia en la última década deberían ser un recordatorio suficiente, y la justificada paranoia de algunos podría llegar a concluir que forman parte de la continuidad de un plan orquestado para conquistar Sudamérica.