América Latina: Estados fallidos y los oligopolios de la violencia

En noviembre de este año Chile, Haití, Nicaragua y Venezuela llevarán a cabo procesos electorales, y en 2022 Brasil y Colombia elegirán nuevos presidentes. Las contiendas electorales no se perfilan a ser debates virtuosos sobre los méritos de las políticas públicas impulsadas por una bancada política, si no la imposición violenta (discursiva o física) de una mínima mayoría, como fue el caso de Perú y Pedro Castillo. La dramática polarización de la política regional y el aumento del descontento social producto de la pandemia y años de ineficiencia estatal empujaron a América Latina a ser una región de Estados ineficientes y fallidos. La pérdida del legítimo control y uso de los mecanismos de coerción por parte de los Estados dejará a la región expuesta a nuevos procesos de conquista y colonización.

En los estudios de la ciencia política y las relaciones internacionales, la definición clásica del Estado la acuñó el sociólogo alemán Max Weber. Según Weber, el Estado es una comunidad humana que de manera exitosa organiza un monopolio legítimo del uso de la violencia en un territorio determinado.

Una representación simple de esta definición podría ser el acato a las instrucciones de un policía, por ejemplo: una persona a quien le otorgamos el derecho de portar un arma y utilizar la violencia para mantener el orden.

Ese legitimo o “correcto” uso de la violencia debe estar garantizado dentro de un territorio determinado y ser eficiente, es decir producir un orden político estable. De tal manera que entonces podemos extrapolar que la política es la organización del uso de la violencia o la influencia sobre distribución del poder del Estado. Bajo esta definición podemos observar que América Latina presenta una serie de insuficiencias que amenazan la integridad de los Estados.

El caso de Haití es el más dramático en la región. Una nación que tuvo 15 presidentes en los últimos 33 años. Cerca de 80% del territorio nacional está catalogado por las Naciones Unidas como controlado por grupos criminales. El Estado haitiano no controla el monopolio de la violencia. El ejemplo más notorio se vivió el pasado 7 de julio cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su casa. Más de 20 hombres armados lograron caminar por las calles de Port au Prince durante horas, antes, durante y después del magnicidio. La anarquía o falta de presencia del Estado también es evidente en los procesos de distribución de ayuda humanitaria, en donde los interlocutores que garantizan el paso de los convoy de las Naciones Unidas son miembros de bandas criminales ligadas al narcotráfico y no el Gobierno nacional.

El caso venezolano no es distinto. El país sudamericano es el más peligroso del mundo con una tasa de homicidios de 84 personas por cada 100 mil habitantes. Para poner en contexto la cifra: Afganistán, un país en guerra, registra una cifra de homicidios inferior de 76 homicidios por cada 100 mil habitantes. La administración del Estado bajo el régimen de Nicolás Maduro perdió el control de la frontera con Colombia y los territorios adyacentes a manos del narcotráfico y grupos paramilitares. El despliegue de aeronaves de guerra, militares, y milicianos a comienzos de 2021 por parte del régimen de Maduro, no le devolvieron el control del Estado. Grupos narcotraficantes y guerrilleros del ELN y las FARC dominan partes del territorio venezolano. Servicios médicos, el suministro de agua, la mediación de disputas sociales están a manos de grupos armados y no del gobierno de Caracas.

Si bien los ejemplos de Haití y Venezuela pueden ser vistos como casos extremos de fracasos del Estado, la pérdida del control del monopolio de la violencia en la región figuró en varias ocasiones durante los últimos tres años. En 2019, el gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno huyó de la capital hacia Guayaquil tras el inminente asedio de Quito por parte de grupos indígenas. El Gobierno de Ecuador, que administra el estado de derecho en una población de más de 17 millones de habitantes, claudicó ante la presión de 20 mil indígenas que con el uso de la violencia lograron su cometido como grupo.

El estallido social en Chile en 2019 dejó 118 de las 136 estaciones del metro de Santiago destruidas y $3 mil millones en daños patrimoniales. Alrededor de 2 mil carabineros y más de 12 mil manifestantes fueron lesionados. Y a pesar de la constatada represión del gobierno, la administración del Estado se vio obligada a acceder a las peticiones de más de un millón de personas y alrededor de 30 mil manifestantes violentos en un país de 18 millones de personas.

Y este 2021 en Colombia, el gobierno de Iván Duque perdió el control de las distintas rutas de acceso al Valle del Cauca. Las violentas manifestaciones que se desataron en rechazo a las reformas tributarias dejaron un saldo de 69 estaciones de transporte, 94 sucursales bancarias y 313 establecimientos comerciales destruidos, además de los ataques coordinados a más de 30 centros de acción inmediata de la Policía. Indiferentemente del debate político o las motivaciones de los actores, es evidente que la violencia y su uso como medio para lograr los objetivos de un grupo de personas no es un monopolio y no está controlado por los Estados de la región.

En la definición clásica del Estado (Max Weber), la legitimidad del uso de la violencia y la obediencia son indispensables. El Estado es una relación de dominación sustentada en la obediencia a un orden vigilado o garantizado por el legítimo uso de la fuerza. La democracia liberal, por ejemplo, propone un orden político en donde el poder está distribuido entre las tres ramas del gobierno. Cada poder del Estado cuenta con una serie de prerrogativas coercitivas para balancear los conflictos y reducir los niveles de violencia en una sociedad.

En América Latina, el Estado y sus administradores no tienen un monopolio exclusivo de la violencia. Hoy los administradores del Estado tampoco cuentan con la legitimidad para hacer cumplir o vigilar el orden político. La democracia es el orden político de la región, sin embargo, el compromiso de nuestras poblaciones a este modelo está desapareciendo. Según el Latinobarómetro, el apoyo a la democracia en la región cayó a 48% en la última década; la indiferencia entre tener un régimen democrático o autoritario aumento de 16% a 28%; la insatisfacción con la democracia aumentó de 51% a 71%; la confianza en las cámaras legislativas de la región es apenas 21% y en los partidos políticos solo un 13%. Estas opiniones se ven reflejadas en los índices de corrupción en la región, la tercera más corrupta del mundo. Según el Barómetro Global de Corrupción, más del 20% de la población regional gestiona su acceso a los servicios públicos a través de sobornos. Esta disfuncional relación entre la administración del Estado y la población es más notable en México (51%), República Dominicana (46%), Perú (39%) y Panamá (38%). Además de la falta de apego al estado de derecho, 150 millones de trabajadores en la región operan en la informalidad, es decir, por fuera de la protección y supervisión del orden político que administra el Estado.

La pandemia dejó en evidencia que la democracia ya no cuenta con el apoyo de la mayoría de los latinoamericanos. El fracaso rotundo de nuestros gobiernos hizo que América Latina fuese la región con más muertes covid-19 per capita y la con peor contracción económica del mundo. Nuestros gobiernos perdieron el control de la administración del Estado ante la corrupción, bandas criminales, violencia política y grupos paramilitares. Como resultado, América Latina presenta oligopolios de violencia y una serie de estados fallidos o quasi-fallidos (Venezuela, Haití, México, República Dominicana, Perú, Honduras, etc.). Ante la presencia de oligopolios de violencia, el camino hacia la refundación de los Estados de la región es la conquista, sea a través de la eliminación de adversarios internos, o la confrontación de un enemigo externo. La conquista del uso legítimo de un monopolio de la violencia, además, debe ser eficiente, es decir, brindar las protecciones básicas para que el Estado persista (bajo la definición ya mencionada). Ante este panorama y calendario electoral, ¿será el ideal democrático liberal o el resentimiento social autoritario el discurso que reconquiste la región? ¿Será la democracia liberal y su modelo de separación de poderes la organización del poder (y los mecanismos de violencia) más eficiente o veremos el auge de modelos autoritarios? De una manera u otra, la violencia y su legítimo uso determinarán el futuro de la región.