Naciones desunidas y la subasta del orden regional

Por segunda ocasión en este mes el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, retrató con claridad y concisión la realidad de América Latina y dio el ejemplo en un podio internacional. Durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el jefe de Estado uruguayo defendió la democracia en la región y rechazó las propuestas que buscan destruir la institucionalidad existente. En su mensaje a la Asamblea General 76 de las Naciones Unidas (UNGA 76, por sus siglas en inglés) Luis Lacalle Pou señaló que “la libertad del futuro, la salud del planeta” dependen de crear los “mecanismos de financiación para que los países puedan acceder y avanzar en procesos sostenibles y de protección al medio ambiente”. Es esencial que los defensores de la democracia en la región logren decodificar y capitalizar rápidamente de un discurso que tiene el potencial de consolidar una nueva hegemonía democrática.

El cono sur de América Latina representa el último bastión de la democracia en la región. Chile y Uruguay son dos de las únicas tres democracias plenas en Latinoamérica, según la unidad de inteligencia de The Economist, y dos de las cinco democracias en consolidación, según el índice de transformación de Bertelsmann Stiftung (Alemania). El mensaje de estas dos democracias plenas fue el mismo. El presidente chileno Sebastián Piñera coincidió con su homólogo uruguayo, y en la UNGA 76 señaló al cambio climático y la erosión de las instituciones democráticas como las principales amenazas existenciales que enfrenta la humanidad. El presidente chileno lamentó la cataclísmica división de dos lógicas que imperan en el escenario internacional y nacional: la ciencia y la política. “Sin duda hemos vivido un gran triunfo de la ciencia” –declaró Piñera en relación a los avances científicos que permitieron la elaboración de vacunas contra la covid-19 en tiempos récord–, “sin embargo este triunfo contrasta con un fracaso de la política”. Para las democracias del cono sur “la principal amenaza” que no permite el avance de agendas en común en materia de cambio climático y continúa deteriorando la institucionalidad en la región “viene de gobiernos elegidos con legitimidad de origen, que maniobran para mantenerse en el poder”.

Durante la cumbre del Celac el 18 de septiembre, Luis Lacalle Pou dejó claro los límites que deberían enmarcar la paz y seguridad regional: a) el desconocimiento frontal de la legitimidad del régimen dictatorial de Nicolás Maduro y la rectificación inmediata de la violación de derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela; b) el rechazo a la destrucción de la institucionalidad democrática (como fue el llamado de Manuel López Obrador a sustituir la OEA y crear una integración económica que conviva con dictaduras de manera armoniosa) y la repotenciación de la Organización de Estados Americanos.

La erosión de la institucionalidad democrática y el impacto catastrófico de la crisis climática son las amenazas más grandes para la humanidad, y según los gobiernos de América Latina, la deuda externa es el principal obstáculo para lograr un consenso y una solución. Para el Gobierno argentino de Alberto Fernández la deuda externa de América Latina es un yunque que ancla a los gobiernos a ciclos políticos polarizantes que oscilan entre la austeridad inhumana y las dádivas insostenibles. Indudablemente la inestabilidad política impide la coordinación de políticas a largo plazo que produzcan una transición a economías sostenibles y verdes. Y como la región evidenció en los últimos tres años, la inestabilidad política produce violencia política y el auge de autoritarismos. América Latina y el Caribe destinan un 57% de sus exportaciones al pago de servicios de la deuda externa y, según Fernández, “Argentina ha sido sometida a “un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional”.

Los calificativos emocionales que Fernández adjudica a la relación económica entre Argentina y el sistema multilateral son una realidad presente que enfrenta su administración que a diario pretende resistir el peronismo-kirchnerismo, pero como siempre sucumbe al romanticismo o la ambición política de sus bases de poder. En la última semana, y tras un revés electoral, Alberto Fernández sucumbió a la presión de su vicepresidenta Cristina de Kirchner y reemplazó a seis ministros –incluyendo al jefe de su Gabinete– por peronistas. Y un día después de su discurso en la UNGA 76, el kirchnerismo en Argentina aprobó un nuevo aumento al salario mínimo del 52% progresivos para 2022. Para Fernández, la solución a la polarización política en la región, fuente de inestabilidad, es la creación de “un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media” y la “ampliación de un nuevo marco común para el tratamiento de las deudas del G20 a países de ingresos medios con vulnerabilidades”.

Los jefes de Estado de Colombia, Brasil y Perú repitieron el mismo mensaje. Para Iván Duque “se requiere de un consenso mundial liderado por el Fondo Monetario internacional y los bancos multilaterales de desarrollo que establezcan nuevos criterios de riesgo mínimo fiscal durante la etapa de recuperación post-covid”. Jair Bolsonaro, el engendro reaccionario de la derecha en Brasil, instó a los países industrializados cumplir con su “compromiso con el financiamiento climático en un volumen relevante”, el mínimo siendo los $100 mil millones anuales acordados en 2009 en el Acuerdo de París. Y Pedro Castillo, el presidente rondero de izquierda de Perú –que llegó al poder producto de la inestabilidad y división política en el país andino– llamó a los países que más contaminan a cumplir de manera imperativa sus responsabilidades en materia climática.

El consenso en América Latina sobre la necesidad de la reestructuración de la deuda de países emergentes y la responsabilidad económica de países contaminantes/industrializados con el desarrollo sostenible en economías de ingresos bajos y medios para mitigar los riesgos y disminuir el impacto de la crisis climática, tiene el potencial de consolidarse como una nueva hegemonía discursiva y estructural en el escenario internacional y regional. La cuestión de rigor es el modelo político que dominará esta nueva hegemonía.

El presidente de Estados Unidos prometió durante su intervención en la UNGA 76 el inicio de “nueva era de diplomacia implacable, de usar el poder de nuestra ayuda al desarrollo para invertir en nuevas formas de elevar a las personas en todo el mundo, de renovar y defender la democracia”. De seguro las impactantes imágenes de decenas de miles de emigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México son un recordatorio en carne y hueso del impacto directo de los cambios climáticos y los regímenes autoritarios. La democracia y el cambio climático fueron los temas más recurrentes en el discurso Joe Biden, abordando los temas 13 y 14 veces, respectivamente. Sin embargo, el gobierno de Washington aún no presenta una iniciativa concreta que aborde la situación económica en la región y su impacto en la sostenibilidad democrática y la crisis climática.

La promesa de Joe Biden de donar otras 500 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 a nivel mundial representa un esfuerzo por hacer los procesos de recuperación económica más equitativos y estables a nivel mundial; sin embargo, no significan una inversión en la institucionalidad democrática. El presidente Biden no hizo ni una sola referencia a América Latina durante su discurso, y la evidente amenaza de la crisis venezolana a las democracias de la región fue igualada en relevancia a crisis políticas distantes como las de Bielorrusia o Birmania.

Los gobiernos de América Latina, de izquierda y derecha, autoritarios y democráticos señalaron unánimemente la necesidad de nuevos esquemas de financiación para abordar la crisis climática y la inestabilidad política. El camino planteado por el presidente de Uruguay busca la creación de una dinámica internacional regional que defienda la democracia y aborde la crisis climática en conjunto, a través del financiamiento de regímenes democráticos multilaterales. La alternativa es una subasta de la libertad de nuestros pueblos por parte de gobiernos populistas y autoritarios al mejor postor.