Esmeralda de Troitiño:' La situación de Nicaragua debilita la democracia a nivel regional'

Las elecciones de noviembre de 2021, en Nicaragua, estuvieron marcadas por el asedio policial, actos de hostigamiento, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias en contra de líderes de oposición, activistas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas.

“Estos hechos son incompatibles con un proceso democrático y con los estándares interamericanos”, afirmó Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), sobre la crisis por la que atraviesa Nicaragua, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes, que es uno de los más pobres de Latinoamérica.

En abril de 2018, estudiantes universitarios y campesinos nicaragüenses salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social, que reducía los beneficios a los jubilados. Aquellas revueltas fueron violentamente reprimidas por la policía. Así comenzó la crisis política, social y de derechos humanos en el país. Y que se agudizó con las incidencias del reciente proceso electoral.

La situación del país centroamericano ha llamado la atención de la comunidad internacional, que reclama elecciones libres y denuncia un régimen de supresión de las libertades.

En 'Jueves de entrevista' de La Estrella de Panamá conversamos con la abogada panameña y comisionada de la CIDH sobre la situación de ese país. Además, exponemos las consideraciones de la especialista en derechos humanos de la mujer, niñez y familia.

Las elecciones generales del 7 de noviembre ocurrieron en un contexto de concentración del poder por el Ejecutivo, en donde el principio de separación de poderes se quebrantó, y en medio de una crisis de derechos humanos.

El gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad y avalado por los demás poderes del Estado que carecen de independencia y, por ende, facilitan y consolidan la impunidad y arbitrariedades.

Este año, previo a las elecciones, personas de oposición al gobierno fueron criminalizadas y detenidas bajo leyes que se aprobaron previamente para llevar a cabo estas acciones que tienen como fin impedir la participación de la oposición en las elecciones generales a realizarse en noviembre de este año, dejando al gobierno en la ronda electoral libre de competencia. Más de 30 personas se encuentran privadas de libertad bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, siete son precandidatas a la Presidencia, varias de ellas cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana; el gobierno también canceló la personería de dos partidos políticos.

Durante el fin de semana de las elecciones, la CIDH recibió información sobre el asedio policial, actos de hostigamiento, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de agentes policiales, parapoliciales, en contra de líderes y lideresas de oposición, activistas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, 20 detenciones. Estos hechos son incompatibles con un proceso democrático y con los estándares interamericanos.

El Estado de Nicaragua se encuentra obligado por los instrumentos internacionales de los cuales sigue siendo parte, sigue obligado a cumplir todas sus obligaciones de derechos humanos derivadas de la Carta de la OEA durante la transición de dos años desde la denuncia de este instrumento y aun con posterioridad en algunos supuestos.

Es importante destacar que, según la jurisprudencia interamericana, el periodo de transición previsto en la Carta de la OEA constituye una salvaguarda contra denuncias ocurridas de manera abrupta e intempestiva, frente a las decisiones estatales tomadas en perjuicio de los principios democráticos, el interés público interamericano y el debilitamiento del funcionamiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

La comisión hizo un llamado al Estado de Nicaragua a reconsiderar su decisión e invitó a los Estados miembros y órganos políticos de la OEA a entablar un diálogo genuino y de buena fe, y conforme con sus obligaciones de derechos humanos.

El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos para Nicaragua (GIEI), publicado en diciembre de 2018, considera que la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas que iniciaron el 18 de abril de dicho año se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, y que el Estado de Nicaragua llevó a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente debido a los casos de asesinato, privación de libertad, persecución, violación, tortura y desaparición forzada.

En el reciente informe “Concentración del poder y debilitamiento del estado de derecho en Nicaragua” la CIDH hace referencia a lo ya señalado por el GIEI, que las protestas sociales de 2018 no fueron el resultado de acontecimientos aislados, sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en la figura presidencial integrada por (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo. Estos hechos generaron y acumularon tal descontento social que se manifestó a través de las diferentes expresiones sociales que fueron reprimidas en forma violenta.

El gran desafío que enfrenta hoy Nicaragua es el restablecimiento de las garantías y libertades fundamentales de un estado democrático de derecho que permitan retomar la democracia representativa y participativa y la separación efectiva de los poderes.

Para ello se deben garantizar condiciones para que las elecciones sean justas, libres y transparentes, conforme a los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana.

Para restablecer las libertades y garantías, el Estado nicaragüense debe poner fin de inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias. Hoy más de 145 personas continúan privadas de libertad en el contexto de la crisis, y propiciar las condiciones necesarias que contribuyan a fomentar la confianza de la población mediante el cese inmediato de la represión, así como todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando en ese país.

Además, se debe restablecer la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y cesar la represión contra medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y personas consideradas como opositoras; y derogar y/o adecuar las leyes aprobadas en este contexto de conformidad con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

Es esencial empezar procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, y poner fin a la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos.

La situación de Nicaragua debilita la democracia a nivel regional; la comunidad internacional debe unirse para promover una salida institucional y respetuosa de los derechos humanos.

Debemos tener presente que ningún proceso de reconciliación nacional y de justicia, memoria y verdad en nuestro continente se ha desplegado sin la participación solidaria y responsable de los gobiernos de las Américas, por medio del diálogo y la solidaridad regional.

La decisión de Nicaragua de denunciar la Carta de la OEA frente a las denuncias de la comunidad internacional de serias violaciones a los derechos humanos en el país impactará los derechos del pueblo nicaragüense y de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Su decisión nos plantea la urgente necesidad de profundizar la solidaridad regional, cuidando que los procesos democráticos garanticen las libertades públicas, la más amplia participación y el respeto irrestricto de los derechos humanos.