Migración irregular en América, una crisis militarizada y sin respuesta unitaria

Esta semana la Organización Panamericana de Salud (OPS) presentó una nueva plataforma digital para ayudar a los países a garantizar los derechos fundamentales de los migrantes en la región.

Una herramienta que apunta a cerrar la brecha de información con un acceso abierto sobre normativas legales nacionales, cifras de salud y otros datos clave del continente en temas migratorios; insumos necesarios si hablamos de desarrollar políticas basadas en evidencias para atender la situación de los migrantes.

“Hoy, millones de migrantes en la región enfrentan desafíos en cada etapa del proceso migratorio. Sin acceso a servicios de atención primaria de salud, medicamentos, vacunas o servicios de salud mental y apoyo psicosocial”, señala Jarbas Barbosa, médico y subdirector de la OPS.

La propuesta del organismo ocurre al mismo tiempo en que desde la OPS y organismos de derechos humanos se pide una respuesta regional a la crisis migratoria.

Si bien algunos gobiernos han tomado acciones para gestionar los flujos –que se dan entre Estados americanos y desde fuera del continente–, las años de fracasos para gestionar la crisis evidencia la necesidad de alcanzar acuerdos políticos multilaterales. Es aquí donde encontramos uno de los principales escollos.

Aunque en la mayoría de los gobiernos de la región se tiene relativamente bien identificada la migración como un asunto de atender, el cómo es abordado cruza un espectro que va desde el reconocimiento de la situación con un enfoque humanitario, frente a otro con una postura que mira la migración como un problema que se resuelve por vía de la acción policial y militar. Este último es el dominante en el continente.

De allí que expertos en la materia y organizaciones humanitarias y de derechos humanos han exigido a los Estados más esfuerzos en investigaciones para comprender mejor el fenómeno fuera del marco del prejuicio contra las personas que migran. Precisamente esta postura fue una de las recomendadas en el Foro Internacional de Revisión de las Migraciones, que arrancó el pasado lunes y que se desarrolla al amparo de Naciones Unidas.

En el encuentro sobre la situación global de la migración, activistas de derechos humanos, académicos, empresarios, migrantes, entre otros, manifestaron su preocupación por este predominio de la visión de seguridad, que además pasa en algunos países por una suerte de “externalización”, es decir, tareas de control fronterizo terminan en manos de agencias privadas, lo que incrementa la posibilidad de abusos contra los migrantes.

Otro asunto tratado subraya la importancia de “cambiar la narrativa” sobre la migración. Siendo un primer paso el darle espacio a las propias personas que migran y que se conozcan sus historias, para contribuir a superar los miedos y el discurso de tachar a los migrantes como un “peligro” per se.

Una narrativa que ha tomado fuerza durante los últimos años, principalmente en Europa con la militarización de sus fronteras ante la llegada de migrantes de Irak, Libia, Siria y Afganistán, irónicamente países desestabilizados y en guerra como resultado de intervenciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en décadas pasadas.

En el panorama americano, en Estados Unidos se ha consolidado esa postura, especialmente tras el mandato republicano del expresidente Donald Trump (2017-2021), cuya punta de lanza fue la criminalización de la migración con fines políticos. Una versión más descarnada pero similar en su fondo a las políticas migratorias antes impulsadas por las administraciones de George Bush (2001-2009) o las demócratas de Barack Obama (2009-2017) y el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.

En América Latina, en países como Colombia, México, Panamá, Chile, Nicaragua, Ecuador, Brasil, Perú, República Dominicana, también domina el enfoque policial-militar sobre sus políticas migratorias.

Aún peor, el fenómeno viene acompañado en los últimos años de un creciente aumento de la xenofobia entre los latinoamericanos, históricamente solidarios con las personas que buscaban refugio de las dictaduras en la región. Además, un escenario agravado por la crisis de la covid-19.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en abril de 2021 y advirtió de una “militarización de las fronteras” y uso de “mecanismos represivos para contener los movimientos migratorios”, que tienen como finalidad desalentar el desplazamiento de personas, sacrificando sus derechos y con resultados ineficientes en cuanto a contener los flujos.

Aun cuando la canciller panameña Erika Mouynes confirmó este miércoles que los flujos “se redujeron en un 94%” por Panamá, esto no representa una reducción de la tragedia que viven los migrantes en la larga travesía hacia Estados Unidos, en particular durante el peligroso paso por la selva de Darién en la frontera con Colombia.

“Ya nos empezaron a llegar pacientes que  nos explicaban que habían estado más días en la selva, nos contaron que habían sido asaltados, nos decían que  habían sufrido violencia sexual  de unas características muy brutales (...) mujeres agredidas tardaban en llegar  y entonces ya no podíamos ofrecer la profilaxis necesaria tras una violación”, explica Helmer Charris, médico y miembro de Médicos Sin Fronteras, organización que tiene presencia en Darién.

La oenegé ha pedido que las autoridades en Panamá y de otros países tomen medidas para hacer seguras las rutas y así evitar exponer a las personas a las redes de tráfico, muchas conectadas a organizaciones de delincuencia transnacional.

Una situación parecida tiene lugar en el camino por el norte de Centroamérica y luego el paso por el desierto de Sonora, compartido en la frontera entre México y Estados Unidos. Otro de los puntos con altas tasas de mortalidad y abusos contra los migrantes.

En tanto que en Sudamérica, principal punto de entrada de migrantes africanos y asiáticos, las personas enfrentan actos de discriminación y racismo.

De acuerdo con datos de la ONU, para este año la cifra de migrantes en Latinoamérica y el Caribe se duplicó desde 2005, alcanzando unos 15 millones de personas.

Alejados de la crudeza de las trochas, la selva y el desierto, los espacios políticos donde se deben tomar decisiones sobre cómo atender la crisis, están lejos de alcanzar la coordinación necesaria para garantizar una gestión segura de la migración.

Las más recientes tensiones por la exclusiones unilaterales de Estados Unidos para la próxima Cumbre de las Américas, cuyo temática central es la crisis migratoria, reflejan las pocas condiciones en la región para un posible pacto continental.

Luego de que Washington anunciara que no invitaría a Venezuela, Cuba y Nicaragua –países emisores de migrantes–, al menos 15 países del Caribe estarían pensando no asistir, mientras Argentina, Chile, Bolivia, Honduras y México han rechazado la medida. Los dos últimos países de tránsito y emisores de migración, ambos clave para alcanzar un acuerdo regional sobre el tema.

Ante este escenario, recientemente la Casa Blanca decidió flexibilizar algunas medidas de bloqueo contra La Habana y Caracas, una acción interpretada como un relajamiento para buscar salvar la cumbre, que se realizará en Los Ángeles del 22 de mayo al 11 de junio.

Luego está Guatemala –principal emisor de migrantes en Centroamérica–, que confirmó no asistirá al encuentro luego de que Estados Unidos criticara la designación de la fiscal general de ese país y que el Departamento de Estado incluyó en su lista de “agentes corruptos”.

En tanto que Brasil, nación en la que se encuentran algunas de las principales rutas de migrantes extracontinentales, ha puesto en duda la asistencia de su presidente Jair Bolsonaro.

Las diferencias entre los países de la región y las recientes imposiciones de EE.UU. en la Cumbre, arrojan dudas sobre una propuesta a corto plazo que no solo atienda la gestión de la migración, sino también otras urgencias regionales como la pobreza, la inseguridad o la desigualdad, problemas estructurales que empujan a la gente a migrar.