Elecciones en Colombia, entre el giro a la izquierda y el dominio de las élites

Colombia entró este viernes en la recta final de sus elecciones presidenciales, solo a la espera de que se abran las urnas en un proceso altamente polarizado, con desconfianza del sistema electoral y a la sombra de la violencia política.

Las encuestas colocan al senador Gustavo Petro a la cabeza de la intención de voto con un 41% de apoyo, un respaldo importante del electorado, pero insuficiente para ganar en primera vuelta y evitar el balotaje del 19 de junio. El posible triunfo del que fuera exalcalde de Bogotá lo convertiría en el primer presidente de izquierda elegido en un país históricamente dominado por élites conservadoras.

“La élite política y económica se opone a que la sociedad colombiana sea productiva, moderna y justa, porque son un régimen de corrupción, porque no son políticos, porque son rateros y asesinos con el poder”, dijo Petro en su cierre de campaña este miércoles en Zipaquirá, cerca de Bogotá.

Petro, de 62 años y que en su juventud formó parte del movimiento guerrillero M-16, se presenta como el candidato del “cambio” en un país cansado de la delincuencia, el narcotráfico, la violencia del conflicto armado, la desigualdad y la pobreza; un cóctel de problemas estructurales que estallaron en las protestas sociales de 2019 y 2020.

Entre sus propuestas, el líder de la coalición de Pacto Histórico plantea la posibilidad de una transición energética alejada de las lógicas extractivas y en contra de la corrupción. Igual plantea mayor redistribución de las tierras productivas para atacar la pobreza, una idea resistida entre la élite colombiana, ligada hace más de un siglo al monopolio de la tierra.

De haber segunda vuelta, Petro deberá enfrentar al derechista Federico “Fico” Gutiérrez, exalcalde de Medellín y segundo en los sondeos con un respaldo del 23%.

“Vamos a trabajar para sacar a la gente de la pobreza, no tener más gente en la pobreza que es lo que terminaría pasando con ellos (el Pacto Histórico) (...) los vamos a derrotar en democracia, la misma que ellos tanto desprecian”, señaló Gutiérrez a Euronews , durante su cierre de campaña en Medellín, ciudad donde fraguó su carrera política.

Además de prometer un crecimiento económico para el país y reforzar la seguridad, Gutiérrez ha buscado desmarcarse de que es un candidato del “continuismo” y las élites conservadoras; además de su cercanía con sectores del uribismo, fuerza de extrema derecha que otrora dominó la escena política colombiana y que ahora enfrenta un periodo de declive tras el impopular gobierno del actual presidente Iván Duque.

Aunque sectores contrarios a “Fico” lo acusan de ser el candidato del expresidente Álvaro Uribe –investigado por soborno y fraude procesal en un caso de paramilitarismo–, hasta el momento el exmandatario no ha dado apoyo público a ningún candidato. No así algunos líderes del uribismo, que sí expresaron respaldo a Gutiérrez.

El tercero en la contienda, según las encuestas, es el empresario conservador y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, con cerca del 21% de intención de voto.

Enfocado en cuestionar la corrupción –su propio movimiento se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción–, Hernández aparece como un “outsider” y a pesar de no contar con un programa de gobierno claro, ha dado la sorpresa en el tercer puesto, sumando los apoyos de sectores que rechazan a las fuerzas de derechas tradicionales, pero no quieren darle un apoyo a la izquierda. De avanzar la intención de voto, no se podría descartar su presencia en un eventual balotaje.

Más de 39 millones de colombianos están llamados a la urnas este domingo, en un proceso sobre el cual ya se han lanzado acusaciones de “fraude electoral” e incluso de atentados contra la vida de los candidatos.

Desde la campaña de Petro han intensificado los esquemas de seguridad, llegando el candidato a presentarse con chalecos antibalas y cercos con escudos blindados. También Gutiérrez denunció intimidaciones, lo que marca un tóxico clima de violencia política en el país.

Nada nuevo para Colombia, cuyo siglo XX estuvo marcado por los asesinatos políticamente motivados. Una lista larga que se remonta a 1948 con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, muerte que desató el “Bogotazo”, considerado la chispa del largo conflicto armado del país. Décadas después tendría lugar la masacre de Unión Patriótica (UP) en los años 80, partido de izquierdas que perdió miles de miembros asesinados y que incluyó dos magnicidios de candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, en 1986, y Bernardo Jaramillo Ossa, en 1987. Similares son los casos del liberal Luis Carlos Galán, tiroteado en 1989, y Carros Pizarro, exmiembro del M-19 asesinado en 1990.

“Lo que hemos aprendido en Colombia con los años es que nada se puede descartar, incluyendo un magnicidio”, apunta José Capera, investigador en temas de democracia y elecciones.

En opinión del también docente universitario, parte de la red de paz latinoamericana, la violencia política del país “no ha podido ser superada” y es parte de la cultura política del país. Además, subraya, es especialmente aplicada en contra de las figuras que buscan cambiar el statu quo entre las élites dominantes.

“Hay un imaginario de que Colombia tiene una de las democracias más estables de la región por que no tuvimos dictaduras, pero realmente lo que hemos tenido ha sido una democracia donde unas élites se han dividido  el poder en función de proyectos clientelares. Manteniendo dicho poder con diferentes estrategias de estigmatización, persecución judicial o violencia sistémica”, explica Capera.

Un violencia que, apunta Capera, en algunas ocasiones está ligada a grupos del crimen organizado y ante el avance de la contienda electoral. De acuerdo con los datos recopilados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante los primeros dos meses de este año hubo un aumento de la violencia armada, que ya supera la registrada en 2020 y bajo el denominado “postconflicto”.

La Fundación para la Paz y Reconciliación (Pares) registró hasta febrero de 2022, un mes antes de los comicios municipales y parlamentarias de marzo, unas 163 víctimas de violencia política, de las cuales 19 eran políticos o candidatos de elección.