Gustavo Petro y el complejo desafío por conseguir una paz duradera en Colombia

Colombia espera la asunción de Gustavo Petro como el nuevo presidente de Colombia, en un cambio de gobierno que se presenta como un golpe de timón a las anteriores administraciones de derecha, que han fracasado en alcanzar la paz.

El nuevo mandatario, que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, apuesta por lo que su equipo denomina “paz total”, una propuesta que pretende atender las diversas formas de violencia que persisten tras la firma de los acuerdos con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), hoy convertida en el partido Comunes.

Una tarea compleja cuando se registra un avance del crimen organizado de los carteles y ataques contra la Policía, institución duramente cuestionada por sectores de la ciudadanía tras las represión en las protestas de 2019.

Alrededor del futuro gobierno de Petro, quien será el primer mandatario en llegar a la Casa de Nariño sin pertenecer a los tradicionales círculos oligárquicos de Colombia, crece la expectativa de un acuerdo de paz con el Ejpército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más grande del país luego de las antiguas FARC.

Petro ya adelantó en su programa de gobierno un “plan de emergencia” para enfrentar el asesinato sistemático de líderes sociales, y como parte de su estrategia contra la inseguridad contempla abrir un diálogo con el ELN con posible mediación de Cuba y otros países. España y Chile han manifestado su voluntad de cooperar en las conversaciones.

Desde 2019, las negociaciones se encuentran estancadas luego del atentado de 2019 que dejó decenas de policías muertos en Bogotá, y que ELN asumió su autoría, según estos últimos en respuesta a ataques del gobierno de Iván Duque a campamentos del grupo rebelde.

Poco después de la elección de Petro, la guerrilla dijo estar dispuesta a negociar, un mensaje reconocido por el máximo líder del grupo, Eliécer Erlinto Chamorro.

Analistas apuntan a que el actual clima político del país podría facilitar una salida negociada menos accidentada que la dada con las FARC, aunque aún subyace el problema de la organización desestructurada con la que cuenta el ELN, al estar formado por distintos frentes autonónomos; articular un acuerdo exitoso que incluya a todos esos frentes, es parte del desafío del nuevo gobierno.

Pese a la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016 y el desmantelamiento de su estructura armada, la violencia se ha recrudecido y los territorios antiguamente controlados por la exguerrilla fueron ocupados por bandas de delincuentes, entre estas el Clan del Golfo.

“Indudablemente el tema de la paz de Colombia es neurálgico para todo el continente y apunta hacia problemas complejos, como el narcotráfico que también se ha vuelto un problema multinacional con una gran descarga de violencia en el continente”, señaló recientemente Petro a la prensa.

Para junio de 2022, Colombia reafirmó su lugar como el mayor productor de cocaína del mundo, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un negocio del que se alimentan grupos narcoparamilitares como el Clan del Golfo, y que se ha incrementado en los últimos años.

Aún queda la duda de cómo una administración Petro responderá ante los grupos armados que no cuentan con una orientación política y por tanto sería difícil utilizar una salida similar a las de las FARC. De allí que el aumento de los ataques del Clan del Golfo contra las fuerzas de seguridad del Estado, es interpretado como una forma de presionar al Estado para alcanzar algún tipo de acuerdo con el gobierno que implique penas más laxas o el compromiso de la no extradición. Una solución de este tipo iría a contramano de lo propuesto por Petro en campaña, de impulsar una paz con justicia para las víctimas y sin impunidad.

Según datos de la Comisión de la Verdad, durante el conflicto armado colombiano que cumple más de medio siglo, se han cometido unos 450.664 homicidios, al menos 121.768 desapariciones, unos 50.000 secuestros, más de 16.000 reclutamientos forzados y miles de delitos de violencia sexual y de género.

La mayoría de los delitos han sido cometidos por paramilitares, grupos guerrilleros y fuerzas del Estado como la Policía y el Ejército.

Unas cifras estremecedoras que dibujan parcialmente el drama de la guerra y que, con el nuevo gobierno, parece abrirse una oportunidad para acabar con el conflicto armado más antiguo del hemisferio occidental, y abordar por fin la situación de desigualdad, pobreza y exclusión, problemas del conflicto colombiano.