Excarcelación de terroristas

La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolviendo el recurso de la terrorista de ETA Inés del Río va a dar lugar a que los jueces españoles tengan que poner en libertad a decenas de presos condenados por terrorismo, así como a otros delincuentes que cumplían pena de prisión por graves delitos.

La sentencia del Tribunal Europeo establece que la justicia española ha estado vulnerando el Convenio Europeo de Derechos Humanos al aplicar retroactivamente una forma de computar las penas que no se practicaba en el momento en que cometieron los delitos. De esta forma, según el alto tribunal europeo, los jueces españoles, a través de la llamada ‘doctrina Parot’, han infringido el principio de irretroactividad de las leyes penales, en virtud del cual las penas y las forma de cumplirlas posteriores a la comisión de un delito, no son de aplicación a personas que ya condenadas. La traducción práctica de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo supone que la justicia española haya puesto inmediatamente en libertad a Inés del Río, una terrorista condenada por la comisión de 23 asesinatos y que ya había cumplido 26 años de prisión. La Justicia europea ha dictaminado que Del Río debería haber sido liberada hace 4 años, en virtud del sistema de cómputo de penas que regían en el momento en que cometió los delitos. Junto a ella, en las próximas semanas, serán muchos los terroristas de la banda criminal ETA que podrán abandonar las cárceles ya que la sentencia europea es de obligado cumplimiento para los Tribunales españoles.

La mayoría de la sociedad y los grandes partidos políticos habían apoyado a los Tribunales cuando empezaron a aplicar la ‘doctrina Parot’, con el fin de alargar las condenas de terroristas que habían cometido terribles crímenes. Esa es la razón por la que en las últimas semanas la mayoría de la sociedad española haya mostrado su solidaridad con las víctimas de los terroristas, que van a ver cómo en poco tiempo muchos asesinos de sus familiares salen de la cárceles tras cumplir condenas que a sus ojos son insuficientes.

No obstante, tanto las autoridades españolas como los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, se han apresurado a mostrar su respeto por la sentencia, a pesar de que ninguno de los dos la comparte, y a asegurar que el Estado español tiene que cumplir con la legalidad internacional y aplicar sin titubeos una jurisprudencia emitida por el Tribunal del Consejo de Europa, organización de la que España forma parte.

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