EE.UU. sanciona a oficiales de la CPI por investigar 'delitos de lesa humanidad' en Afganistán

En un nuevo paso contra la Corte Penal Internacional (CPI), Washington autorizó este jueves imponer sanciones económicas contra los funcionarios dedicados a investigar los posibles delitos cometidos por militares estadounidenses en el extranjero.

Argumentando supuestos “malos manejos”, parcialidad, y que la CPI representa una “amenaza” para la soberanía de Estados Unidos, el presidente Donald Trump tomó varias medidas, entre ellas la restricción de visados y el bloqueo de propiedades que oficiales del organismo tengan bajo jurisdicción estadounidense.

“La Corte no ha tomado acción alguna para su reforma y ha continuado persiguiendo investigaciones motivadas políticamente contra nosotros y nuestros aliados, incluido Israel”, señaló en un comunicado la Casa Blanca.

A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un órgano de las Naciones Unidas pensado para resolver conflictos entre Estados, la CPI tiene como objetivo procesar penalmente a individuos responsables de haber cometido delitos de lesa humanidad, de guerra o genocidios. Unos 123 países forman parte del organismo creado en 1998, con sede en La Haya (Holanda) y regido por el Estatuto de Roma –el acuerdo que define el funcionamiento, jurisdicción y estructura del tribunal–.

Desde su fundación, Estados Unidos se negó a ser miembro de la CPI, al igual que China, Rusia, Israel, y otros 69 países no reconocen al organismo.

Washington intervino en Afganistán en el año 2001, luego de que el expresidente George Bush lanzara la campaña de 'lucha contra el terrorismo'. Desde entonces, el conflicto continúa siendo la guerra más larga en la historia de Estados Unidos.

Ante las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por todos los actores en la contienda, la CPI anunció el inicio de pesquisas preliminares. Inmediatamente, el entonces asesor de Seguridad Nacional John Bolton amenazó con imponer sanciones si se abría una investigación, cosa que hizo el Departamento de Estado poco después, al retirar el visado de empleados del Tribunal. Entre los sancionados estaba la fiscal en jefe de la Corte, Fatou Bensouda. Pese esto, la entidad siguió con los procesos.

En enero de 2019, un juez de alto rango de la Corte, Christoph Flugge, presentó su renuncia como resultado de las presiones de Washington; en declaraciones dadas al diario alemán Die Zeit, denunció intervenciones políticas de la Casa Blanca para frenar las investigaciones. Tres meses después, la CPI descartó el caso alegando que en ese momento una investigación “no serviría a los intereses de la justicia” pese a admitir que existía una “base razonable” para considerar que hubo “crímenes en Afganistán que son de la competencia de la Corte”. La Administración de Trump tildó de “gran victoria” la decisión.

La posición de la Corte recibió duras críticas de organismos de derechos humanos. “Los jueces han dejado que las consideraciones políticas superen los derechos de las víctimas”, denunció Human Rights Watch, mientras que Amnistía Internacional lo calificó como “vergonzoso abandono de las víctimas”.

Las preocupaciones estadounidenses estarían ligadas a la participación de militares y miembros de la CIA en emplear tortura y maltrato a prisioneros en campos secretos de detención. Una situación discutida en la esfera pública desde 2003, cuando la prensa estadounidense publicara imágenes y documentos de abusos en la cárcel de Abu Ghraib (Irak), que registraban a soldados ultrajando a detenidos, además de exponerlos a violencia física, agresiones psicológicas y abusos sexuales.

Aunque Washington niega que la violación a los derechos humanos sea una política de sus operaciones en el extranjero, la revelación de más de 90 mil archivos secretos en 2010, por parte de Wikileaks, puso nuevamente en cuestión el discurso oficial. Crímenes de guerra, ocultamiento de bajas civiles, prostitución infantil vinculada a contratistas privados o asesinatos extrajudiciales cometidos durante la ocupación de Afganistán, fueron solo algunos de los hechos difundidos por la prensa internacional tras la filtración.

Luego de que la fiscalía de la CPI apelara la decisión de arrancar la investigación, la Cámara de Apelaciones decidió el pasado martes 5 de marzo autorizar las pesquisas, que incluiría no solo a militares estadounidenses, sino también a los talibanes y las tropas afganas.

Una tarea que se presenta compleja dada la falta de cooperación de Estados Unidos y las limitaciones que pueda tener la Corte para avanzar las investigaciones ante posibles nuevas sanciones.

Si bien Estados Unidos nunca ha reconocido la jurisdicción de la Corte, los delitos que se señalan tuvieron lugar en Afganistán, Estado que es parte del Estatuto de Roma, lo que en opinión de la CPI le faculta para procesar a los acusados independientemente de su nacionalidad y en virtud de que se estaría ante crímenes de lesa humanidad.

La ONU estima que en el conflicto afgano han fallecido más de 100 mil personas en casi 19 años de guerra, en su mayoría civiles.

Dos tercios de la población tuvo que migrar huyendo de la guerra desde 2012, unos 2.3 millones según la Organización Mundial para la Migración.