El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros
- 24/08/2026 15:30
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó operativos esta semana contra extranjeros con delitos y migrantes sin situación regularizada
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó a Migración Colombia y a la Policía iniciar esta semana operativos para identificar a extranjeros que cometan delitos y a personas que permanezcan en el país sin regularizar su situación migratoria.
La instrucción fue impartida durante un Consejo de Seguridad realizado el domingo 23 de agosto en Barranquilla, donde el mandatario presentó los principales componentes de la política de seguridad de su Gobierno.
“La orden a Migración es clara” y los operativos deben comenzar esta misma semana, dijo De la Espriella, quien estableció dos prioridades: primero, localizar a los extranjeros que estén cometiendo delitos y, segundo, a quienes no tengan regularizada su situación migratoria.
Estos últimos, según la orden presidencial, también deberán ser deportados.
El mandatario calificó la decisión como “política” y “administrativa” y recordó que se trata de una posición que había planteado durante la campaña electoral.
“No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías. En Colombia se van y los deportamos”, afirmó.
De La Espriella añadió que su política no se limitará a extranjeros vinculados con delitos, sino que también alcanzará a quienes hayan incumplido las normas migratorias. Para resumir su posición, reiteró: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”.
El comunicado de la Presidencia de Colombia no especificó cuántas personas se encuentran actualmente en situación migratoria irregular, cuántos extranjeros podrían ser alcanzados por los operativos ni cuántas deportaciones prevé ejecutar el Gobierno.
Tampoco detalló el procedimiento que seguirá Migración de ese país en los casos de personas que no hayan cometido delitos, pero que no tengan regularizada su situación.
Una política de seguridad más amplia
La orden sobre migración fue uno de los asuntos abordados durante el Consejo de Seguridad de Barranquilla, en el que el Gobierno definió una hoja de ruta que incluye la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la extorsión, el homicidio, el hurto y las finanzas de las organizaciones criminales.
De La Espriella sostuvo que narcotráfico, minería ilegal, extorsión y contrabando forman parte de un mismo ecosistema criminal y planteó que los grupos armados ilegales sean tratados bajo una sola denominación: grupos terroristas.
“Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado”, manifestó.
El mandatario también pidió mayor coordinación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y los jueces. Como parte de esa estrategia anunció la creación de cuerpos élite de fiscales para cada ciudad y planteó equipos especiales integrados por fiscales, jueces y miembros del Ejército, la Policía y la Armada.
Otra de las medidas anunciadas es la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, con el objetivo de perseguir a los principales articuladores de este delito.
Barranquilla, como punto de partida
En Barranquilla, el Gobierno decidió reactivar el sistema de recompensas, los operativos, las redadas y la red de cooperantes.
De La Espriella señaló que estas herramientas serán utilizadas, entre otros objetivos, contra el microtráfico y propuso convertir a Barranquilla y su área metropolitana en un “laboratorio” de su política de seguridad y convivencia ciudadana.
También planteó aumentar los cuadrantes policiales, el pie de fuerza y las capacidades de inteligencia.
El Gobierno anunció además acciones para perseguir las finanzas de las organizaciones criminales y recuperar información financiera que, según afirmó el presidente, no está disponible de los últimos cuatro años.
En materia de tierras, ordenó coordinar acciones entre el Ministerio de Defensa, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Fiscalía para investigar lo que denominó el “cartel de tierras”.
La estrategia también contempla enfrentar el hurto y el homicidio, delitos que el mandatario identificó como prioritarios por su impacto directo sobre la ciudadanía.
Con la orden migratoria, el Gobierno colombiano incorpora el control de la situación de los extranjeros a esta estrategia de seguridad. El alcance de la medida, sin embargo, dependerá de cómo Migración y la Policía ejecuten los operativos y de cuántas personas sean finalmente identificadas y sometidas a procesos de deportación.
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