Crisis migratoria en América Latina: Una apuesta sub-regional a un problema mundial

Este 11 de agosto el Gobierno de Panamá y el de Colombia, junto con otras ocho naciones de la región, dieron un primer paso esperanzador para alinear los esfuerzos en el hemisferio en pro del fortalecimiento de un estado de derecho que regularice la migración en la región bajo consideraciones liberales de derechos humanos.

A pesar del cinismo que produce cualquier declaración de una autoridad en referencia a la protección de los derechos humanos, Colombia y Panamá –por una razón u otra– sí están actuando con apego al ideal liberal. Panamá, un país de tránsito y no destino migratorio, dedica más de $20 millones para prestar servicios de salud, alimentos y refugio temporal a los miles de emigrantes que cruzan por el tapón de Darién anualmente. Mientras que el gobierno de Iván Duque tomó la impopular decisión de iniciar un proceso de regularización de cerca de 1,5 millón de venezolanos que han llegado al país escapando de la dictadura, ofreciéndoles el amparo de la ley a cambio de un compromiso con el estado de derecho. Juntos ambos gobiernos lograron un acuerdo para controlar la migración entre ambas naciones y así proteger la integridad de los emigrantes. La decisión no priorizó lógicas económicas sino humanistas y liberales. Y además logra balancear los intereses de todas las partes, incluyendo a Estados Unidos que abiertamente quiere detener el tránsito hacia sus fronteras como prioridad de seguridad nacional.

La primera reunión ministerial regional para abordar las causas, el impacto, y las soluciones posibles al problema migratorio en la región revela una necesidad urgente de cooperación intrarregional. El aparato de las Naciones Unidas y el orden internacional liberal, liderado por Estados Unidos, por sí solos fallaron a la fecha en activar y producir una solución regional a problemas que tienen décadas gestándose.

Una realidad incómoda para aquellos que defienden el statu quo del orden liberal internacional y la supremacía de la democracia liberal como modelo político nacional es su evidente fracaso ideológico. El orden que regula las interacciones sociales de nuestras sociedades falló en cumplir con los principios centrales del liberalismo.

El éxito de los discursos populistas autoritarios de izquierda y derecha en la política regional y mundial son evidencia del fracaso del sistema de partidos políticos tradicionales en lograr resolver los conflictos sociales de forma pacífica. Desde 1998 con la victoria electoral de Hugo Chávez, en Venezuela –un personaje claramente iliberal que recurrió en 1992 a un golpe militar–, la región demostró su hastío por un sistema de partidos políticos “tradicionales” que no representaba los intereses y demandas de una mayoría de la población. Este repudio generalizado no solo impulsó a la izquierda latinoamericana, sino que también fue la clave para la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en EE.UU. y la campaña del Brexit en el Reino Unido, entre decenas de otros ejemplos en democracias de todo el mundo.

El estado de derecho –pilar del liberalismo– también es inexistente para una mayoría de la población regional y del sur global. Más de 140 millones de latinoamericanos, 53% de la fuerza laboral de la región, trabaja en el sector informal. Es decir, que la mayoría de nuestros co-ciudadanos ni siquiera existen bajo el amparo y la regulación del Estado. Esa promesa de transición de un estado natural con altos grados de violencia a un orden liberal con reglas justas, igualdad de oportunidades y seguridad es un mal chiste comparado con el beneficio tangible e inmediato del clientelismo o inclusive del beneficio del uso de la violencia para alcanzar objetivos individuales.

El establecimiento de una economía de mercado tampoco destruyó el sistema de castas que heredamos de la era colonial. La relación económica con los países centrales del orden internacional generó y replicó un sistema de dependencias que solo benefició a las poblaciones que por serendipia se encontraban geográficamente a lo largo de las cadenas de suministro y extracción de recursos del sur global hacia las economías avanzadas. El 1% más rico del mundo controla riquezas dos veces más grandes que el total de recursos que tiene el 99% restante. Las democracias liberales del mundo no protegieron de igual manera los derechos humanos y la libertad política de sus ciudadanos. Y el sistema internacional reafirmó su hipocresía durante la pandemia.

A nivel internacional dos crisis existenciales actuales terminaron por condenar el orden liberal mundial establecido en la posguerra. La primera amenaza existencial, la pandemia, demostró que el realismo es la verdadera ideología imperante en el sistema internacional. El sistema Covax de las Naciones Unidas tuvo como meta –a inicios de 2021– poder entregar 2 mil millones de dosis de vacunas contra la covid-19 este año. A la fecha solo han logrado entregar poco más de 150 millones de dosis, menos del 2%. De los más de 190 países que se inscribieron en la iniciativa, 53 ya se retiraron tras menos de ocho meses del inicio de los envíos de lotes de vacunas. El sistema internacional demostró su naturaleza iliberal y el privilegio de los poderosos. 85% de las vacunas administradas para el mes de agosto ocurrieron en países de altos ingresos. Y mientras que en Estados Unidos el estado de Ohio está ofertando un millón de dólares cada semana para incentivar a la población a vacunarse, en el continente africano menos de 2% de la población ha tenido acceso a una sola dosis.

Por otra parte, el informe del panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático publicado este lunes es el perfecto ejemplo de la tiranía de la burocracia liberal. El informe que fue producido por más de 17 mil científicos y con el respaldo y aprobación de más de 200 gobiernos mundiales confirmó el fracaso del mundo en mantener por debajo de 1,5 grado el aumento de la temperatura global. El pírrico logro multilateral que dio con la elaboración del documento solo comprobó que los intereses económicos y políticos pueden ser exitosos en frenar la verdad durante décadas, hasta un punto donde enunciarla es casi que irrelevante. El cambio climático es una amenaza existencial. La ciencia y sus proponentes no encontraron solución bajo el sin fin de organismos multilaterales supuestamente diseñados para articular una respuesta global. Como muchas de las promesas del liberalismo en el siglo XXI, el aparataje institucional solo logró producir comunicados con palabras bonitas y desactivar las presiones sociales que exigen un cambio urgente.

Es natural que un engranaje institucional pierda su vigencia. La historia está llena de ejemplos de sistemas sociales que por presiones externas e internas no lograron evolucionar y consecuentemente caducaron. La democracia ateniense, la república romana, el imperio británico, todos sucumbieron a las limitaciones de sus sistemas explotadores. De igual manera, el fracaso del orden liberal fue que logró su cometido central: evitar a toda costa nuevos escenarios de anarquía internacional o guerras mundiales. El desarrollo institucional del orden liberal internacional dejó claras las prioridades del sistema: crecimiento económico continuo y la protección de las cadenas de suministro internacional. Los derechos humanos y las libertades políticas, inclusive la democracia en sí, fueron meras herramientas para lograr ese objetivo y no fueron el fin. El estado de bienestar mínimo que proveen los gobiernos siempre fue un cálculo de crecimiento económico y mitigación de riesgo político, y no producto de un ideal predominante. Esta realidad no es una condena, sino un análisis necesario. El orden mundial actual trajo consigo el mayor aumento de calidad de vida en la historia. La pobreza extrema a nivel mundial se redujo por la mitad entre 1950-2000. Y en los primeros 13 años del siglo XXI se volvió a reducir un 50%. Es más, hoy hay en el mundo el mismo número de personas en situación de pobreza extrema que en 1820... pero 6 mil millones de personas más en el planeta. No fue un secreto que Estados Unidos y sus aliados priorizaron la transición a economías de mercado por encima de la transición democrática en la absoluta mayoría de sus intervenciones militares durante el siglo XX. Pero las amenazas al crecimiento económico y la seguridad en el ámbito internacional evolucionaron, mientras que el sistema liberal no.

El fracaso definitivo del orden liberal en el siglo XXI coincidió con el sigiloso auge de China y su propuesta autoritaria. El Partido Comunista chino ha demostrado que existe un camino para lograr una sociedad industrializada sin instituciones democráticas. Y es exactamente eso: una propuesta que tiene a su centro una prioridad de crecimiento económico en el marco de un orden institucional mundial ya establecido, pero cuyos fundamentos ideológicos fracasaron.

Los gobiernos del mundo deben reconsiderar los objetivos del sistema internacional y las principales amenazas a la paz internacional. El cambio climático y sus efectos, la desigualdad económica, y los cambios políticos producto de migraciones masivas son las mayores amenazas a la estabilidad de un orden internacional actual. La solución al cambio climático no podrá ser el crecimiento económico. El crecimiento económico per se tampoco reduce inequidades sociales. Y las emigraciones son efectos directos del impacto de estos dos fenómenos. La contrapropuesta a la tecnocracia autoritaria china y el fracaso del orden liberal actual puede nacer de una iniciativa intrarregional, con objetivos limitados centrados en los intereses en común de los actores y alineando los valores liberales con la realidad material. El nuevo orden mundial multipolar debe reconstruir sus bases liberales en cada región, impulsado por actores comprometidos con los méritos del liberalismo y no con un crecimiento económico efímero.