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- 11/07/2023 15:59

Las cámaras empresariales de Guatemala han solicitado, durante la última semana, que se respeten los plazos del proceso electoral, que se encuentra detenido por decisiones judiciales.
“Faltan 40 días para el balotaje. Ni un día más”, advirtió este martes 11 de julio el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la entidad que aglutina a todas las cámaras empresariales de Guatemala.
El mensaje de dicha entidad responde a que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) aún no ha oficializado los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 25 de junio en Guatemala.
“Los empresarios tienen sus intereses alineados con la certeza de las elecciones, aunque en los últimos años no han estado comprometidos con temas como independencia judicial y lucha anticorrupción”, explicó a EFE este martes el politólogo Hugo Novales.
A criterio de Novales, las cámaras empresariales entienden las elecciones como “la máxima competencia por el poder político” y “un escenario de incertidumbre sobre quienes ocuparan los cargos públicos los próximos 4 años es intolerable para el sector privado”.
Junto al Cacif, la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio han emitido comunicados en los últimos días exigiendo que se respeten los resultados de las urnas.
Estas reacciones se deben a que el 1 de julio la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, accedió a una petición de nueve partidos políticos de derecha, suspendiendo los resultados de la primera vuelta y ordenando una revisión de los sufragios.
De acuerdo con expertos, el actuar de las cortes y de los políticos tradicionales se debe a la sorpresa de que el candidato progresista Bernardo Arévalo De León, del Movimiento Semilla, haya avanzado al balotaje.
“Aunque los resultados de la elección parecen adversos al poder de turno, el sector empresarial no se puede permitir los posibles escenarios de incertidumbre que existirían si se cae la segunda vuelta”, agrega Novales.
En el pasado, la cúpula empresarial de Guatemala ha mostrado respaldo a las decisiones del partido de Gobierno, a las cortes e incluso premiaron a la fiscal general, Consuelo Porras, quien está sancionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos desde 2021.