David Murcia, en manos de EEUU

BOGOTÁ. El colombiano David Murcia, acusado de captar ilegalmente a través de “pirámides financieras” unos 920 millones de dólares y pedido por una Corte de Nueva York por lavado de activos, fue extraditado ayer a Estados Unidos desde Bogotá, según una fuente de la Policía.

“David Murcia Guzmán fue entregado a primera hora (del martes) por las autoridades carcelarias a la Policía Nacional y nosotros lo estamos llevando en este momento a las autoridades estadounidenses”, aseguró el general Luis Ramírez, director de la Policía Judicial, Dijín.

El empresario, que portaba un chaleco antibalas y estaba custodiado por efectivos de la policía fuertemente armados, lució tranquilo en el momento de la entrega y al pasar frente a decenas de periodistas que reporteaban sobre su extradición.

Murcia Guzmán, dueño del emporio DMG por las siglas de su nombre, era requerido por blanqueo de capitales y lavado de activos en tribunales de Panamá y de Estados Unidos.

“Mi cliente está muy tranquilo. Está preparado tanto sicológica como judicialmente para ir a juicio a Estados Unidos y vamos a ir hasta las últimas instancias”, dijo Aydé Trujillo, abogada defensora de Murcia, en declaraciones a la privada radio Caracol.

Murcia, por intermedio de su abogado, dijo que prefería ser extraditado a Estados Unidos porque ante la justicia colombiana no tenía garantías.

Murcia —que en poco tiempo pasó de ser un vendedor ambulante en poblaciones del sur de Colombia a empresario rodeado de lujos y excentricidades— fue detenido en noviembre de 2008 en Panamá y deportado a Colombia, donde hace un mes fue condenado a 30 años de prisión por captación ilegal de dinero y blanqueo de capitales.

Estos delitos fueron cometidos en el marco de una estafa a través de “pirámides financieras”, un esquema que prometía rendimientos de hasta 300%, al que se sumaron otras captadoras de dinero, y que se extendió fuera de Colombia.

Tras el arresto de Murcia hubo disturbios en varias localidades del sur del país de miles de ahorristas que le apoyaban y rechazaban su detención y la intervención estatal de su empresa. La magnitud del ilícito y de los disturbios, con un saldo de tres muertos, llevaron al gobierno del presidente Álvaro Uribe, a declarar el estado de emergencia social para enfrentar la crisis generada por la masiva estafa.