Congreso debate futuro de Zelaya

TEGUCIGALPA. El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, retomó el poder ayer miércoles tras haberse alejado por una semana, mientras el Congreso se preparaba para votar sobre una posible restitución del derrocado mandatario Manuel Zelaya.

Micheletti se alejó del poder para permitir que el país se concentrara en el controvertido proceso electoral del domingo pasado, que una mayoría de países latinoamericanos no reconoce pero que contaron con el visto bueno de Estados Unidos.

“El pueblo hondureño le dijo al mundo entero que queremos vivir en paz y en democracia, vivir con un gobierno democrático en donde nadie se crea superior a las leyes”, dijo al Canal 10 Micheletti, quien asumió después de que Zelaya fuera derrocado el 28 de junio.

Micheletti saludó al ganador de los comicios, Porfirio Lobo, del opositor Partido Nacional, quien ha dicho que es competencia del Congreso decidir sobre si regresa el poder a Zelaya, tal como fue establecido en un acuerdo entre el derrocado mandatario y el Gobierno de facto en octubre.

El pleno del Congreso de 128 diputados discutía ayer el punto 5 del acuerdo Tegucigalpa/San José, suscrito el 30 de octubre por las delegaciones de Zelaya y del gobierno de facto bajo la égida de EEUU.

Según este punto, los diputados de las cinco bancadas someterán a votación retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo al estado previo al 28 de junio.

Previamente, los diputados escucharon los informes preparados por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General y el Comisionado de Derechos Humanos, todos en contra de la restitución de Zelaya.

“La opinión de estas organizaciones no es vinculante. Sin embargo, para mí es como el foco amarillo del semáforo que nos está diciendo: “Tengan mucho, mucho cuidado con lo que van a hacer””, dijo ayer en el Canal 5 de televisión el presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra.

La Corte basó su fallo en contra de la restitución de Zelaya en seis delitos, entre ellos el de traición a la patria, desobediencia a órdenes judiciales, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad. Por su parte, la Fiscalía considera su restitución “insostenible jurídicamente”.

En principio no parecía posible una resolución positiva del legislativo, dado que los dos partidos mayoritarios, el Nacional de Lobo y el Liberal, al que pertenecen Zelaya y Micheletti, respaldaron el golpe de Estado y su destitución.

Zelaya ha dicho que ya no quiere ser restituido porque hacerlo sería avalar el golpe de Estado, aunque el martes uno de sus asesores, Carlos Reina, abandonó la embajada donde permanecía refugiado con el mandatario desde septiembre para reorganizar las protestas por su vuelta al poder.

EEUU, así como México y España, han dicho que las elecciones fueron limpias, pero que es necesario el restablecimiento del orden constitucional, roto desde que Zelaya fue expulsado del país por militares.