Unachi, única institución que incumple recomendaciones de ANTAI: acumula casi 200 expedientes

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) es la única institución pública que no ha cumplido el 100% de las recomendaciones emitidas por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), aseguró este martes la directora de la entidad, Sheila de Arias.

La funcionaria reveló que la autoridad mantiene cerca de 200 expedientes relacionados con la universidad, de los cuales surgieron 20 recomendaciones de destitución y varias sanciones económicas por posibles irregularidades, entre ellas casos de nepotismo.

La información fue presentada durante la sustentación del presupuesto de ANTAI para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, en respuesta a las preguntas del diputado independiente Jhonathan Vega.

“Debo indicar que la única institución que, a la fecha, no ha cumplido con el 100% de las recomendaciones que hace ANTAI ha sido la Unachi”, afirmó De Arias.

La directora explicó que la universidad fue una de las primeras instituciones que llamó su atención cuando asumió el cargo, tanto por las denuncias formuladas en la Asamblea Nacional como por declaraciones públicas de altos funcionarios universitarios.

Según relató, una responsable de Recursos Humanos habría reconocido en medios de comunicación que mantenía familiares trabajando dentro de la institución.

También mencionó el caso de un vicerrector que presuntamente admitió haber solicitado a la directora de Recursos Humanos el nombramiento de su hija.

Estas declaraciones llevaron a ANTAI a iniciar investigaciones de oficio y abrir cerca de 200 expedientes.

“Para mí eso era realmente sorprendente”, manifestó la directora al referirse a la naturalidad con la que algunos funcionarios supuestamente reconocían los nombramientos familiares.

De los procesos desarrollados, la entidad emitió 20 recomendaciones de destitución, además de multas y otras medidas de carácter económico.

Las sanciones económicas relacionadas con los expedientes de la Unachi presentan un cumplimiento cercano al 60%, de acuerdo con las cifras ofrecidas por la directora.

En cuanto a las recomendaciones de destitución, señaló que algunas se encontraban dentro de procedimientos internos y otras habían sido objeto de recursos de reconsideración o apelación.

La funcionaria no precisó cuántos servidores fueron separados de sus cargos, cuántos permanecen trabajando ni cuánto dinero continúa pendiente por las sanciones económicas.

Vega cuestionó que, después del trabajo investigativo realizado por la institución, sus decisiones no sean vinculantes y dependan de la voluntad de las autoridades nominadoras.

“Parece un tigre sin dientes. Está allí, pero no muerde”, expresó el diputado al describir la percepción ciudadana sobre las limitaciones de ANTAI.

De Arias también reaccionó a las declaraciones ofrecidas previamente por el nuevo rector de la Unachi ante la Comisión de Presupuesto.

Según explicó, el rector habría indicado que algunas sanciones estaban bajo reconsideración y dio a entender que determinada documentación no había sido recibida.

Ante esa situación, la directora firmó una comunicación dirigida a la universidad con un cuadro actualizado que contiene:

“El expediente de Unachi es un expediente vivo y activo. Termino con uno y empiezo con otro”, advirtió.

La directora adelantó que ANTAI divulgará en los próximos días una comunicación oficial sobre el nivel de cumplimiento de sus recomendaciones en la universidad.

De Arias hizo un llamado al nuevo rector y al resto de las instituciones públicas para que no nombren nuevamente a personas señaladas dentro de investigaciones por nepotismo.

La funcionaria aseguró que le preocupa conocer situaciones en las que se estaría considerando reincorporar a servidores sobre los cuales ya se desarrollaron procedimientos administrativos.

“Les agradecería mucho a todas las instituciones que respeten el trabajo de ANTAI. Cuando hacemos recomendaciones es porque existen fundamentos para hacerlo”, expresó.

La directora afirmó que su personal se ha sentido desmotivado frente al incumplimiento de las medidas, debido al tiempo y los recursos invertidos en cada investigación.

No obstante, aseguró que la autoridad continuará dando seguimiento a los casos y utilizará la exposición pública como un mecanismo de presión mientras la ley no le otorgue facultades para obligar a las instituciones a ejecutar sus recomendaciones.

El intercambio también reabrió la discusión sobre la necesidad de reformar la legislación que regula a ANTAI.

La directora pidió a la Asamblea modificar la Ley 33, la Ley 6 de Transparencia y la Ley 316 de 2022, relacionada con las declaraciones juradas y los conflictos de intereses.

“Ojalá me den dientes y garras”, manifestó De Arias, quien insistió en que la entidad trabaja con facultades limitadas y no puede ejecutar directamente las destituciones recomendadas.

Vega recordó que el diputado Lenin Ulate presentó en agosto de 2024 el proyecto de Ley 188, dirigido a fortalecer las competencias de la institución. Sin embargo, aseguró que la propuesta todavía no ha sido discutida en primer debate.

El diputado sostuvo que debe existir “certeza del castigo” para evitar que las investigaciones administrativas terminen sin consecuencias.

Al finalizar su intervención, De Arias informó que las sanciones económicas impuestas por la institución han permitido ingresar $63,609.36 al Tesoro Nacional, aunque no detalló qué proporción de ese dinero procede de los expedientes relacionados con la Unachi.

La entidad reportó cerca de 200 expedientes, 20 recomendaciones de destitución y apenas 60% de cumplimiento en las sanciones económicas.