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Duke cuestiona presupuesto de casi $3 millones para una ANTAI que no puede verificar declaraciones
- 15/09/2026 11:53
El diputado independiente Luis Duke cuestionó que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) reciba un presupuesto cercano a los $3 millones para 2027, pese a que no cuenta con facultades suficientes para comprobar la información contenida en las declaraciones juradas de intereses particulares.
El señalamiento se produjo durante la sustentación presupuestaria de la institución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, luego de que su directora, Sheila de Arias, admitiera que el actual mecanismo de verificación “no está funcionando”.
“Estamos pagando $3 millones para que una institución se vuelva una colectora de conflictos de intereses que al final terminan en nada”, cuestionó Duke.
El diputado aclaró que su crítica no estaba dirigida personalmente contra la directora, sino contra las limitaciones legales que impiden a la entidad ejercer una fiscalización más profunda.
Durante el intercambio, Duke preguntó qué procedimiento utiliza la institución para comparar la información declarada por los funcionarios e identificar posibles conflictos de intereses.
La directora respondió que los documentos se reciben bajo el principio de buena fe y reconoció que ANTAI no puede efectuar todas las verificaciones necesarias.
“No está funcionando mientras ustedes no hagan la modificación que corresponde. No puedo verificar, no puedo gestionar. No es porque no quiera, es porque no puedo”, respondió De Arias.
La funcionaria relató que al inicio de su gestión solicitó información a la Superintendencia de Sujetos no Financieros, pero recibió como respuesta que ANTAI no era una autoridad facultada legalmente para acceder a esos datos.
La restricción impide comprobar de manera integral si un servidor público mantiene vínculos personales, familiares o económicos capaces de influir en sus decisiones.
Para Duke, la entrega formal de las declaraciones pierde efectividad si la información no puede contrastarse con otros registros.
“Cumplen, pero no pasa nada”, expresó el diputado al advertir que el Estado necesita herramientas para detectar si una autoridad beneficia mediante contratos o nombramientos a hermanos, sobrinos, otros familiares o posibles testaferros.
El diputado mencionó el proyecto de Ley 188, presentado por su colega Lenin Ulate, que propone modificar la legislación de ANTAI para ampliar sus competencias investigativas.
Sin embargo, lamentó que la iniciativa continúe sin avanzar dentro de la Asamblea Nacional.
“Los proyectos de ley siguen durmiendo el sueño eterno”, afirmó Duke, quien pidió dar prioridad a las reformas necesarias para modernizar y fortalecer la entidad.
De Arias consideró injusto afirmar que los casi $3 millones solicitados sean utilizados únicamente para recibir declaraciones juradas.
La funcionaria defendió el trabajo de su equipo y recordó que ANTAI también atiende asuntos relacionados con acceso a la información pública, protección de datos personales, transparencia activa, denuncias administrativas, ética pública y prevención de la corrupción.
Insistió, no obstante, en que corresponde a los diputados aprobar las reformas a la Ley 316, la Ley 33 y la Ley 6 para ampliar la capacidad de actuación de la institución.
De acuerdo con las cifras mencionadas durante la comparecencia, el presupuesto recomendado para ANTAI en 2027 incluye aproximadamente $2.8 millones para funcionamiento y $131,050 para inversión, lo que representa un incremento cercano al 6.5% frente a 2026.
La directora pidió reconsiderar algunas partidas para atender el crecimiento de los expedientes pendientes, renovar computadoras obsoletas, contratar personal y reforzar las instalaciones y archivos de la institución.
Porque la entidad reconoció que carece de facultades legales suficientes para verificar integralmente las declaraciones juradas de intereses.