Alex Saab, conocido como testaferro de Maduro, se declara culpable ante la fiscalía de Estados Unidos

  • 15/09/2026 11:25
Antiguo aliado del chavismo acordó cooperar con investigaciones estadounidenses; esa decisión canceló el juicio con jurado programado para noviembre próximo

El empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado durante años uno de los principales operadores financieros del gobierno de Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami por su participación en una trama de lavado de dinero vinculada con contratos públicos de Venezuela.

El cambio de postura representa un giro radical en el proceso judicial: el acusado, de 54 años, había rechazado los cargos y se preparaba para enfrentar un juicio con jurado en noviembre de 2026. Durante la audiencia celebrada ante la jueza federal Kathleen Williams, admitió su responsabilidad por un cargo de lavado de dinero.

Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía estadounidense, el empresario deberá colaborar con las investigaciones de las autoridades y entregar $195 millones procedentes de las operaciones ilícitas, según informó Associated Press. La nueva declaración provocó la cancelación del juicio previsto para dentro de dos meses.

El entendimiento podría convertirlo en una pieza clave dentro de otras investigaciones estadounidenses relacionadas con la estructura financiera del antiguo gobierno de Nicolás Maduro y con operaciones efectuadas mediante la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La segunda vez bajo custodia estadounidense

Saab había sido enviado a Estados Unidos a mediados de mayo por el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. Esta era la segunda ocasión en que quedaba bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

La primera ocurrió después de su detención en Cabo Verde, en junio de 2020, mientras realizaba una escala durante un viaje hacia Irán, uno de los principales aliados internacionales del entonces gobierno de Maduro.

Tras un prolongado proceso legal, fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021 para responder por acusaciones relacionadas con el lavado de aproximadamente $350 millones obtenidos, según el Departamento de Justicia, mediante sobornos y contratos públicos venezolanos.

En 2023, el entonces presidente estadounidense Joe Biden le concedió clemencia como parte de un intercambio que permitió la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. A su regreso, Maduro lo recibió públicamente y lo presentó como un aliado de su administración.

La acusación actual corresponde a presuntos delitos que no estaban cubiertos por aquel beneficio presidencial, de acuerdo con reportes sobre el proceso.

El dinero destinado a los alimentos

La Fiscalía sostiene que Alex Saab y sus asociados comenzaron desde 2015 una estructura para obtener ganancias ilícitas mediante contratos del programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado para distribuir alimentos subsidiados entre millones de venezolanos durante la crisis económica.

Según la acusación, el grupo habría pagado sobornos a funcionarios, utilizado compañías de fachada y elaborado documentos falsos para manipular tanto el origen como el costo de productos importados desde países como Colombia y México.

Las autoridades estadounidenses señalan que el esquema permitió desviar cientos de millones de dólares que debían emplearse en la compra de alimentos para familias vulnerables. Parte de esos fondos habría transitado por cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos.

Los fiscales también vinculan al empresario con operaciones de comercialización de petróleo realizadas después de que Washington impusiera sanciones contra Venezuela en 2019. Para participar en esas transacciones, habría aprovechado sus contactos con funcionarios públicos y su cercanía con Pdvsa.

La decisión de declararse culpable cierra la posibilidad inmediata de un juicio con jurado, pero abre una nueva etapa del expediente: su cooperación podría proporcionar información sobre funcionarios, empresarios y sociedades involucrados en el manejo de recursos públicos venezolanos.

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