Justicia de Paz abre nuevo caso de ‘falsos positivos' en Colombia

Una semana después de que la Fiscalía de Colombia presentara un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales llevadas por el Estado, el mecanismo de justicia decidió ayer abrir una nueva investigación.

Conocido en Colombia como ‘falsos positivo', estos hacen referencia a los asesinatos de civiles inocentes por parte de las Fuerzas Armadas, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate.

Según reportes de la agencia Efe , la JEP priorizó esta investigación por ‘la gravedad y magnitud del fenómeno, por su extensión en el territorio nacional' y por ‘el número y representatividad de los presuntos responsables', informó la magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), Catalina Díaz, en una rueda de prensa en Bogotá.

El proceso llevará ante el tribunal a 1,944 miembros de la fuerza pública, que ya han manifestado su voluntad de comparecer ante la JEP, relacionados con 2,586 casos de ‘falsos positivos', aunque la Sala no descarta ampliar el número de comparecientes a medida que avance el caso.

DERECHOS HUMANOS

Los perfiles también mantenían un contenido político

Sin embargo, la JEP agregó que ‘los perfiles de las víctimas incluyen defensores de los DDHH, sindicalistas, defensores de los derechos de las mujeres, de las víctimas y las minorías', así como lesbianas y gais, entre otros.

La JEP, el organismo de justicia transicional creado para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, usará como base informativa el informe que recibió de la fiscalía sobre estos hechos, que registraba 2,200 ‘falsos positivos' entre 1988 y 2014.

GOBIERNOS DE URIBE

Aunque los señalamientos sobre el ejército colombiano de practicar ejecuciones extrajudiciales con civiles no son nuevos en el país sudamericano, fue durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y su entonces ministro de defensa, Juan Manuel Santos, que estalló en la opinión pública el escándalo.

Varios casos se registraron bajo la gestión de Uribe, que durante su administración impulsó una política de línea dura junto a las fuerzas armadas y que entonces fue denominada como ‘seguridad democrática'.

Los detractores de Uribe acusan al mandatario y que durante su periodo las masacres tuvieron lugar para abultar el número de ‘enemigos' abatidos y así justificar, entre otras cosas, el enorme gasto en defensa del Ejecutivo.

‘Los perfiles de las víctimas incluyen defensores de los DDHH, sindicalistas, defensores de los derechos de las mujeres',

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)

Sobre estos casos habrían pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Naciones Unidas, que los calificaron como delitos de lesa humanidad.

Según la JEP, las divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército ‘concentran cerca del 60% de los casos'.

‘En estas unidades están involucradas, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar', aseguró el magistrado Óscar Parra.

Desde ayer se abrió la etapa para conocer las versiones de los militares y otros integrantes de la fuerza pública, por lo que se prevé que en las próximas semanas la JEP llame a comparecer a los primeros involucrados.

Este es el tercer caso abierto por el organismo de justicia transicional, después de haber comenzado las investigaciones sobre los secuestros perpetrados por las FARC en el caso 001 y la violencia contra la población mayoritariamente indígena de tres municipios del suroeste del país en el caso 002.

Los ‘falsos positivos' son uno de los hechos del conflicto armado que más ha impactado a la sociedad colombiana, ya que muchas de las víctimas eran hombres jóvenes de pocos recursos reclutados bajo la promesa de un empleo, para luego ser asesinados y presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate por militares que buscaban obtener beneficios o ascensos.

Según el informe de la Fiscalía, el 45% de las víctimas eran campesinos y el 30% se dedicaba a actividades productivas informales en las ciudades.