Colombia oculta su cifra real de coca: la medición oficial revela 3.001 toneladas en 2024

Colombia, el mayor productor y exportador de cocaína del mundo, no tiene certeza sobre cuánto estupefaciente genera cada año. La medición existe, pero su exactitud está en entredicho. Tras casi dos décadas con la misma metodología, el presidente Gustavo Petro optó por no divulgar las cifras de 2024, alegando imprecisiones.

Después de semanas de tensiones entre su Gobierno y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), salió a la luz la cifra que Bogotá decidió reservar: 3.001 toneladas de cocaína potencialmente producidas en 2024. Un número que sigue al alza y que, a juicio de técnicos y políticos, refleja un problema mayor: el país carece de un mecanismo confiable para medir uno de los mercados ilegales más lucrativos del planeta.

El aumento representa un 12,6% respecto al año anterior, aunque el propio informe de la ONU señala una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Sin embargo, su peso político es enorme y se ha convertido en una pieza central en el conflicto diplomático con Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado el incremento para arremeter contra Petro, a quien acusa sin pruebas de liderar redes vinculadas al narcotráfico. Bajo esa narrativa justificó bombardeos a embarcaciones sospechosas —que han dejado 80 muertos en el Caribe y el Pacífico— y sanciones directas contra el mandatario colombiano.

“Desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína ha explotado hasta la más alta en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, aseguró recientemente el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La confrontación ha escalado hasta niveles inéditos. Petro, por su parte, defiende que su política antidrogas ha permitido incautar más de 2.700 toneladas de cocaína desde agosto de 2022, a la vez que impulsa un modelo basado en regulación y operativos que respeten los derechos humanos. Mientras tanto, los cultivos de coca ya alcanzan 261.000 hectáreas, aunque con un crecimiento más lento.

En su informe de 2024 —aún no publicado oficialmente— la UNODC atribuye el incremento no solo a la expansión de cultivos, sino también a mejoras en la productividad agrícola, en los procesos para obtener clorhidrato de cocaína y en la eficacia de químicos fáciles de adquirir.

La agencia ha reconocido limitaciones por razones de seguridad y presupuesto. El Gobierno colombiano sostiene que la metodología, tal como está, no puede seguir usándose. “¿Por qué el Gobierno publicaría un dato que está equivocado?”, respondió un funcionario ante las críticas por la reserva de la información.

La UNODC admite que su indicador no refleja todos los esfuerzos del Estado: mide lo que se produce, pero no lo que finalmente llega a los consumidores tras decomisos, destrucción de laboratorios o pérdidas en la cadena criminal.

Desde 1999, la ONU publica dos indicadores clave: hectáreas sembradas y producción potencial. Pero el cálculo presenta vacíos. La agencia divide al país en cuatro regiones y solo visita una por año, replicando sus resultados al resto en un ciclo de cuatro años.

En 2023 se midió el Pacífico, la zona más productiva, cuya última revisión había sido en 2019; además, en 2022 no se visitó ninguna región y se reciclaron datos de 2021. El resultado fue un aumento del 53% en la producción potencial, hasta 2.664 toneladas. Una comparación con limitaciones claras.

Ese número, que sí se hizo público en su momento, es para Petro la razón por la cual Estados Unidos lo descertificó por primera vez en tres décadas. Este año, sin embargo, decidió frenar la difusión del nuevo cálculo y exigir una revisión. Para muchos expertos, el cuestionamiento llega tarde y ocurre justo cuando la tensión con Washington es más alta.

Las conversaciones entre el Ministerio de Justicia colombiano y la UNODC avanzan, aunque sin acuerdos finales. Una de las propuestas es complementar o reemplazar la producción potencial por otro parámetro: la “cocaína disponible”, es decir, la cantidad de droga que efectivamente circula en el mercado.

Este nuevo indicador tendría en cuenta decomisos, lotes no cosechados, consumo interno y flujos provenientes de países vecinos. Para algunos analistas, podría ofrecer una medición más precisa del impacto de la política antidrogas.

El punto crítico sigue siendo el salto del 53% del año pasado. El Gobierno considera imprescindible que la ONU reconozca las fallas del cálculo, mientras que el organismo aún no ha dado señales claras de querer corregir el informe.