Corte Plena de Costa Rica solicita a la Asamblea levantar inmunidad al presidente Rodrigo Chaves

En una decisión sin precedentes en la historia política de Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia, en su modalidad de Corte Plena, aprobó por mayoría este martes 1 de julio la solicitud de la Fiscalía General para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves y permitir que avance un proceso penal en su contra por el presunto delito de concusión.

La votación culminó con 15 magistrados a favor y 7 en contra, lo que abre la puerta para que la Asamblea Legislativa decida si se despoja al mandatario de su fuero de improcedibilidad penal, prerrogativa que impide que sea procesado judicialmente durante su mandato.

La acusación penal fue presentada el pasado 7 de abril por el fiscal general, Carlo Díaz, e involucra además al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien también estaría vinculado a la contratación cuestionada. La Corte Plena acordó, de igual forma, solicitar el levantamiento de su inmunidad.

El caso gira en torno a un contrato de $300.000 adjudicado en 2022 a la agencia RMC La Productora, del productor Christian Bulgarelli, para una supuesta estrategia de comunicación y monitoreo para Casa Presidencial, financiado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Según el Ministerio Público, el proceso de contratación fue irregular, ya que el propio Bulgarelli habría diseñado el pliego de requisitos que terminó beneficiándolo. Además, se alega que el presidente Chaves presionó e indujo a que parte del contrato —específicamente $32,000— fuera destinado a su exasesor de imagen y amigo personal, Federico “Choreco” Cruz, quien supuestamente usó los fondos para comprar una casa.

El delito de concusión, por el cual se plantea seguir el proceso penal, conlleva una pena de entre 2 y 8 años de prisión.

No obstante, el proceso solo podrá avanzar si la Asamblea Legislativa aprueba el levantamiento del fuero presidencial, en una votación que, por su carácter político e institucional, podría marcar un punto de inflexión en la democracia costarricense.

Se trata de la primera vez en la historia del país que se plantea formalmente levantar la inmunidad penal a un presidente en funciones.