Estados Unidos prepara posibles cargos judiciales contra figuras del régimen de Cuba

El Departamento de Justicia de Estados Unidos examina la posibilidad de formular cargos federales contra entidades y figuras vinculadas al régimen de Cuba, según reveló este viernes 6 de marzo el diario estadounidense The Washington Post.

De acuerdo con la información publicada por el rotativo —también recogida por El País—, la institución encargada de la administración de justicia en Estados Unidos creó recientemente un grupo de trabajo para impulsar estas acciones judiciales, en medio de la campaña de máxima presión que la administración del presidente Donald Trump mantiene contra La Habana.

La noticia se conoció el mismo día en que Trump vaticinó que Cuba “caerá muy pronto”, aunque indicó que su prioridad inmediata es la guerra que libra junto con Israel contra Irán. En declaraciones a la cadena CNN, el mandatario añadió que encargó a su secretario de Estado, Marco Rubio, gestionar las posibles vías de diálogo con las autoridades de la isla, situada a unas 90 millas de la costa estadounidense.

Según The Washington Post, la instancia judicial encargada de conducir las acusaciones sería la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, de jurisdicción federal. Esta oficina, de acuerdo con El País, es conocida por manejar casos relacionados con presuntas irregularidades cometidas por altos funcionarios cubanos.

Entre esos expedientes figura el desmantelamiento en 1998 de la red de espionaje cubana conocida como Red Avispa, que resultó en la detención de cinco agentes cubanos. Tres de ellos fueron repatriados posteriormente a Cuba como parte del canje de prisioneros que marcó el inicio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, impulsado por la administración de Barack Obama en 2014.

Uno de los casos recientes que podría servir como base para reactivar una causa judicial contra autoridades cubanas sería el incidente ocurrido en 1996, cuando fuerzas cubanas derribaron dos avionetas civiles, lo que provocó la muerte de cuatro opositores en el exilio. La misión de aquellas aeronaves consistía en localizar y rescatar refugiados cubanos que intentaban cruzar el estrecho que separa la isla de Estados Unidos.

Un grupo de congresistas republicanos del estado de Florida —donde reside una numerosa comunidad cubanoamericana— solicitó la reapertura del caso mediante una carta dirigida a la fiscal general estadounidense, Pam Bondi. En la misiva, los legisladores sostienen que el expresidente cubano Raúl Castro habría dado la orden de derribar uno de los aviones involucrados en aquella misión.