La Duma amplía poder de ex KGB

CÚ. La Duma o Cámara de Diputados de Rusia aprobó ayer en tercera y última lectura un polémico proyecto de ley impulsado por el presidente ruso, Dmitri Medvédev, que amplía considerablemente las facultades del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).

Según esta ley, el director del FSB o su adjunto pueden dirigir advertencias a los ciudadanos ‘por acciones inadmisibles que creen condiciones para la comisión de un delito’, observaciones que serán de obligado cumplimiento por parte del amonestado.

En la votación, 354 diputados se pronunciaron a favor de aprobar el proyecto de ley, frente a 96 que se manifestaron en contra, informó la agencia Interfax.

RECHAZAN LA LEY

Activistas rusos pro derechos humanos enviaron ayer una carta al jefe del Kremlin en la que le piden que no promulgue esta ley. ‘Usted habla constantemente de la necesidad de garantizar la prioridad del derecho como condición fundamental para el desarrollo de nuestro país. Hoy dependen precisamente de usted que se adopte o no una ley que viola los principios angulares del derecho: la presunción de inocencia y a la precisión jurídica’, reza el texto.

Los defensores de los derechos humanos también llamaron al Consejo de la Federación a rechazar este proyecto de ley.

‘Nuestro país debe elegir entre un camino difícil y largo hacia un verdadero Estado de derecho o la limitación anticonstitucional de los derechos humanos y el regreso hacia la arbitrariedad ‘dentro de la ley’’, reza la misiva enviada al presidente del Consejo de la Federación, Serguéi Mirónov.

Según los firmantes, la segunda opción conduce a ‘la intimidación de los disidentes y el control por los servicios secretos de las actividades pacíficas de los ciudadanos’.

‘Las nuevas facultades de los servicios de seguridad los liberan completamente del cumplimiento de todo criterio jurídico, es decir, legalizan la arbitrariedad de los servicios secretos’, agrega el documento.

Contra la aprobación del proyecto de ley se ha pronunciado también el Consejo para el Desarrollo de los Institutos de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos adjunto a la Presidencia.