Familiares de presos políticos son agredidos durante una vigilia en la ciudad de Caracas

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) condenó este sábado lo que consideró una “escalada represiva” contra parientes de presos políticos, luego de que un grupo de estos familiares fuera agredido durante una vigila pacífica a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, un hecho que reconoció la Defensoría del Pueblo.

La organización aseguró que, el pasado martes, “fuerzas policiales se retiraron” de los alrededores del TSJ para “permitir que colectivos paramilitares afectos al oficialismo agredieran brutalmente a madres, niños, activistas y defensores” que participaban en la vigilia, que buscaba exigir el fin del “ciclo de injusticia” que, según el CLIPP, mantiene encarcelados a los presos políticos.

“A golpes, con disparos y bajo insultos de ‘fascistas’ y ‘traidoras de la patria’, se reprimió a mujeres y familiares de presos políticos que ejercían su derecho a la protesta pacífica”, indicó la ONG en un comunicado compartido en su cuenta de X.

Además, cuestionó que el TSJ, que no se ha pronunciado hasta ahora sobre esta denuncia, no haya “identificado ni procesado” a los responsables pese a “contar con cámaras de seguridad que registraron el hecho de agresión en sus instalaciones”.

Asimismo, criticó que “tampoco existe pronunciamiento del Ministerio Público (MP, Fiscalía) rechazando esta escalada represiva contra víctimas de violaciones de derechos humanos”.

Por otra parte, la organización destacó que Martha Grajales, activista de la ONG SurGentes, fue detenida de forma “arbitraria”, luego de participar en una manifestación de solidaridad con las personas agredidas, que tuvo lugar en Caracas a las afueras de la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Llamamos nuevamente al país a acompañar y sostener la causa de los presos políticos, a no permitir que se silencien estos abusos y a mantener viva la denuncia”, expresó la ONG.

De igual forma, exigió al Estado venezolano la “liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas”, que son 807 según la ONG Foro Penal, pese a que el Gobierno y la Fiscalía niegan que hayan personas arrestadas por estos motivos, sino que aseguran cometieron diversos delitos.

Por último, el CLIPP instó a la ONU, especialmente a la Oficina del Alto Comisionado y a la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, a seguir “documentando y visibilizando ante el mundo lo que ocurre en Venezuela”, y a que exijan al Estado venezolano a poner fin a la “violencia institucional”.