Juez de New Hampshire frena intento de Trump por eliminar ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados

Un tribunal del estado de New Hampshire emitió una suspensión provisional al decreto del presidente Donald Trump que busca suprimir el derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes sin papeles nacidos en Estados Unidos. La medida fue adoptada por el juez Joseph Laplante tras aceptar una demanda colectiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), según reportó el diario El País.

La decisión judicial marca un revés parcial para Trump, quien impulsó esta orden ejecutiva al retomar el poder y que había sido reforzada por un fallo reciente de la Corte Suprema. Ese fallo, emitido tres semanas atrás, fue interpretado como una victoria significativa para el presidente, ya que restringía el alcance de las medidas cautelares que pueden imponer los jueces federales —unos 700 en todo el país— y debilitaba el equilibrio entre poderes al ampliar el margen de acción del Ejecutivo.

El 27 de junio, apenas horas después de la sentencia del Supremo, la ACLU aprovechó una ventana legal que dejaba abierta el fallo, que establece que las suspensiones de decisiones presidenciales solo aplican a los demandantes individuales, a menos que se trate de demandas colectivas. El País explicó que, ante esta nueva realidad jurídica, se activaron tres rutas posibles para contrarrestar decretos presidenciales: convertir demandas en colectivas; limitar la aplicación de las suspensiones al estado donde se presenta el caso; o recurrir a la Ley de Procedimiento Administrativo, que permite a cortes inferiores anular actos de agencias federales si son considerados arbitrarios.

En este contexto, la demanda colectiva (o class action lawsuit) interpuesta en New Hampshire representa una jugada estratégica que remite a antecedentes célebres, como el caso de las tabacaleras condenadas en 1998 o el emblemático proceso de Erin Brockovich contra la contaminación de agua en California.

Llama la atención que el juez Laplante fue nombrado por el expresidente republicano George W. Bush, lo cual desafía el argumento de Trump de que las demandas buscan jueces de línea demócrata. Esta práctica de elegir jurisdicciones convenientes para litigar es conocida como court shopping, un fenómeno frecuente en Estados Unidos.

La sentencia de la Corte Suprema otorgó un plazo de 30 días antes de su entrada en vigor para facilitar la posibilidad de presentar este tipo de demandas colectivas, como la ahora aceptada. Aún está sobre la mesa que el alto tribunal revise el fondo del asunto en su próximo período judicial.

El derecho a la ciudadanía por nacimiento está consagrado en la Decimocuarta Enmienda desde 1868. Fue instaurado tras la Guerra de Secesión para asegurar igualdad de derechos a personas esclavizadas y sus descendientes. Y desde 1898, con el precedente judicial del caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, se reconoce la nacionalidad estadounidense a cualquier niño nacido en su territorio, incluso si sus padres están en situación migratoria irregular.

Trump ha hecho de la eliminación de este derecho una de las piezas clave de su agenda antiinmigración. Por eso, al conocerse la decisión del Supremo, ofreció una rueda de prensa de urgencia en la Casa Blanca para celebrar el fallo: “una victoria monumental para la Constitución, la separación de poderes y el Estado de derecho”. En esa misma intervención, el presidente republicano aseguró que su gobierno continuará “luchando” para suprimir este beneficio constitucional para los hijos de inmigrantes indocumentados.