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- 18/01/2012 12:05
Una investigación sobre las fallas del sistema de emergencias en el terremoto que sacudió a Chile en 2010 exoneró al presidente Sebastián Piñera de cualquier responsabilidad, dijo hoy la titular de la Fiscalía Occidente de Santiago, Solange Huerta.
La indagación sobre la responsabilidad en la decisión de descartar un tsunami que finalmente sobrevino tras el terremoto de la madrugada del 27 de febrero de 2010 apunta a civiles y militares.
Las conclusiones de la fiscalía "no establecen una responsabilidad para los presidentes o ex presidentes de la República", dijo Huerta a la local Radio Cooperativa.
De acuerdo a la fiscal "lo que estamos investigando son responsabilidades del tipo penal". Añadió que el objetivo es "saber qué personas tenían responsabilidad técnica en la toma de decisiones, técnica".
El Ministerio Público indaga la responsabilidad de funcionarios del gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) y de altos mandos de la Armada chilena en el manejo de la emergencia tras el sismo 8,8 grados Richter y el tsunami que devastó la zona costera al sur del país. Minutos después del terremoto la Oficina Nacional de Emergencias(Onemi) descartó la posibilidad de un maremoto con base en un informe de la Armada.
El tsunami dejó unas 156 víctimas fatales y 25 desaparecidos. El terremoto y maremoto provocaron la muerte de 524 personas.
"Según nuestros decretos, reglamentos, quienes tenían que tomar las decisiones, si tenían todos los elementos para tomarlas y si tomaron las decisiones adecuadas", dijo.
Añadió que "nuestro plan de emergencia no establece una responsabilidad de ese tipo para los Presidentes o ex Presidentes de la República", insistió Huerta.
El abogado querellante en el caso que representa a algunas de las familias de las víctimas, Raúl Meza, pidió a la fiscalía imputar cargos a Bachelet por "denegación de auxilio".
"Nuestra investigación se ha concentrado en las responsabilidades técnicas y que pueden generar responsabilidad penal", señaló la fiscal al descartar la petición.
Trascendió en fuentes judiciales que la apertura de cargos afectaría a civiles y militares, aunque se desconoce sus identidades.
En el curso de la investigación han declarado como testigo la ex presidenta Bachelet y como imputados el ex ministro de Interior Edmundo Pérez Yoma, el ex subsecretario de Interior Patricio Rosende.
Además, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, el ex Comandante de la Armada Mariano Rojas y el actual Comandante en jefe de la Armada, Edmundo González.