DDD insiste en fondos

PANAMÁ. Cada año en Suramérica se producen 950 toneladas de cocaína, de las cuales la mitad tiene como destino EEUU y el resto a Europa, reveló un estudio de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD).

El organismo señaló ayer en México, durante la clausura de la I Reunión de Ministros de Seguridad Pública de las Américas (auspiciada por la OEA), que la producción y el comercio de otras drogas como marihuana y anfetaminas, así como la de precursores químicos, representa igualmente una cifra astronómica en América, aunque sus flujos se originan en el bloque sur.

Y mientras la ONUDD revela que en el 2007, los esfuerzos para combatir la droga por parte de países como Colombia y México ayudaron a que el cultivo de hoja de coca volviera a niveles de producción estables; la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que la tasa de homicidios y violencia delictiva en Latinoamérica está muy ligada al desempeño económico de los países y al hecho de que produzcan o no drogas. Es decir, si crece o baja el PIB, así mismo aumentan o bajan las asesinatos y delitos.

En este contexto, el ministro de Gobierno y Justicia panameño, Daniel Delgado Diamante aprovechó para insistir en la estrategia nacional. En su discurso realzó la lucha de Panamá contra el narcotráfico, pues en el 2007 se incautaron 70 toneladas de drogas y en lo que va de 2008 ya van 40.

Según destacó, Panamá “se ha colocado a la cabeza de los países de la región en el decomiso de drogas”. En Panamá se han identificado incluso los factores críticos que generan la violencia y la delincuencia.

LA ESTRATEGIA DDD

El Ministro enumeró como riesgos la incapacidad de retención del sistema escolar, la exclusión de grandes sectores de la población de los derechos y beneficios sociales básicos, el crimen organizado _narcotráfico y trasiego humano_, la violencia doméstica, el aumento y la fácil disponibilidad de armas de fuego, entre otros.

Además, Diamante elogió el Plan Mérida de EEUU, pero volvió a insistir en que la magnitud del problema reclama más ayuda económica por “la avalancha de perjuicios que este delito acarrea”.

La petición, se liga a la estrategia montada por el gobierno nacional para convencer al gobierno norteño de otorgarle entre 40 y $50 millones para reforzar la seguridad anticriminal, de cuyos fondos (más de $400 millones) solo consiguió 11 millones de dólares en julio pasado.

Las amenazas del crimen organizado van en aumento considerable, sustentó, y por ello el gobierno impulsa medidas y leyes como parte de la Política de Seguridad Integral, que mantiene un fuerte polémica por los decretos leyes.