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21 de Jan de 2021

Nacional

Defensa de Noriega rearma argumentos

PANAMÁ. La condición de prisionero de guerra de Manuel Antonio Noriega podría dejar de ser un impedimento para su extradición a Francia.

PANAMÁ. La condición de prisionero de guerra de Manuel Antonio Noriega podría dejar de ser un impedimento para su extradición a Francia.

Y es que, ayer, durante la visita judicial realizada en Miami, luego que la defensa presentó este argumento para impedir que el “ex hombre fuerte de Panamá” sea extraditado a Francia, el panel de jueces del Undécimo Tribunal de Apelaciones de (Atlanta, EEUU) decidió aplazar la audiencia a petición de la defensa y por lo tanto se mantiene su traslado a Francia.

Jonathan May y Frank Rubino, defensores legales de Noriega, pidieron un plazo de 7 días para presentar nuevos argumentos válidos.

Todo se debió a que los magistrados Jane Restani, Ed Carnes y Joel James cuestionaron que el ex dictador deba seguir bajo la protección de la Convención de Ginebra para evitar su extradición a Francia.

Dicha Convención fue la que permitió a EEUU mantener al general panameño detenido después de concluir las hostilidades con Panamá.

La sustentación de los magistrados se basó principalmente en que el Congreso estadounidense aprobó una ley en el 2006 que limitó los derechos de los enemigos combatientes que son detenidos en la base naval estadounidense en Guántanamo (Cuba) a presentar hábeas corpus en tribunales estadounidenses, incluyendo los relacionados con casos criminales. Restani fue uno de los que dijo que la Convención no aplica en sí a los argumentos de Noriega, según lo establecido en la ley aprobada en el 2006.

ABOGADOS PREOCUPADOS

Jon May, uno de los abogados de Noriega dijo estar en desacuerdo con la interpretación de esa ley, y recordó al tribunal que su mayor preocupación es que se debe tomar en consideración los derechos que están establecidos en la Convención.

Además se habló de una supuesta tortura a la cual Noriega fue sometido tras su detención en 1989 por parte de tropas de EEUU y la DEA.

En Panamá, Julio Berríos, abogado de Noriega, dijo que el ex general no quiere ir a Francia y que “está dispuesto a enfrentar todos los cargos por lo que se le acusa, pero aquí en Panamá”.

Respecto a las supuestas torturas, Berríos señaló que no tenía conocimiento, pero conociendo a Noriega, él no se iba a “tirar del paracaídas” sin tener una base sustentada. “No me atrevería a descartar esa posibilidad, Estados Unidos es el país que más viola los derechos humanos, “sólo habría que preguntarle a un prisionero en Guatánamo o en Irak”.

UN AMIGO

Mario Rognoni, amigo confeso de Manuel Noriega apuntó que el Gobierno Nacional ha demostrado muy poco interés respecto a su extradición al país. “Me parece absurdo que tenga prioridad una condena de un tercer país y no venga a cumplir una pena en un país donde más daño ha causado”. Al consultarle sobre el nuevo argumento de las torturas, Rognoni señaló que desde que el ex general estuvo refugiado en la Nunciatura en Panamá, fue sometido a tortura psicológica por parte de los norteamericanos. “El mismo Nuncio sirvió de mensajero entre las tropas norteamericanas y Noriega”.

GOBIERNO ESPERA

El primer vicepresidente y Canciller de la República Samuel Lewis Navarro, sólo reiteró ayer que el Gobierno mantiene la solicitud de extradición a Panamá, sin embargo, es el sistema judicial de Estados Unidos el que decidirá. “En Panamá, Manuel Antonio Noriega tiene que cumplir una condena, yo lo que le puedo decir es que haremos todo lo que corresponde”.

El Canciller señaló que si se concede la petición de trasladarlo a Panamá, Noriega tendrá que enfrentar los cargos pendientes con la justicia, la cual posteriormente decidirá si se encarcelará o se le dará la medida de casa por cárcel.

DECISIÓN FINAL

La justicia estadounidense no tiene un tiempo definido para emitir un fallo. Jon May dice que están dispuestos a llevar el caso hasta la Corte Suprema de EEUU y que correspondería entonces a Hillary Clinton, como secretaria de Estado, aprobar la extradición de Noriega a Francia si los tribunales fallan en contra.