‘Pinchazos’ llegan a la Asamblea

PANAMÁ. Con varias modificaciones en su contenido, el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, presentó ayer en cortesía de sala ante el pleno de la Asamblea Nacional el anteproyecto de Ley 019-09, que regula la obligatoriedad de las empresas de telecomunicaciones.

El documento, que ha sido criticado por varios sectores de la sociedad que lo consideran como un herramienta de espionaje del gobierno, contempla que las empresas de telefonía celular y fija, así como las empresas de servicio de internet deben proveer de manera obligatoria información a las autoridades judiciales de presentarse un hecho delictivo donde el teléfono se convierta en un instrumento que pueda ser decisivo para una investigación.

El proyecto para “rastrear llamadas” como se le conoce, de acuerdo con Mulino ayudará también a conocer diariamente información relativa a los equipos móviles que se hayan extraviado o robado.

En el proyecto, que originalmente fue anunciado por el secretario de Seguridad, José Abel Almengor, se plantea la obligación de intercambio de información entre las empresas entre todas las compañías concesionarias de telecomunicaciones existentes en el país.

Igualmente, el titular de la cartera de Gobierno y Justicia presentó ante los diputados a derogación del Decreto-Ley 9 del 20 de agosto de 2008 que creo el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (SENIS) aprobado durante la administración del ex presidente Martín Torrijos y el cual forma parte también de los denominados decretos triple D.

Mulino señaló que la derogación del Decreto-Ley 9 del 20 de agosto de 2008, se presentó porque no contempla la rendición de cuentas al Consejo de Seguridad, y también porque fue un decreto donde la sociedad civil no tuvo participación.

Luego de la presentación de la derogatoria del SENIS, el ministro se refirió a un tercer y último proyecto.

En un tercer portafolio Mulino sacó otro documento, pero no tenía que ver con seguridad sino de administración. Se trata de la creación de cuatro nuevas notarias.

Dos de estas notarías operarán en la ciudad de Panamá, una en el distrito de San Miguelito y la otra en Santiago en la provincia de Veraguas.