La Policía Nacional aprehendió al alcalde electo de Pocrí por presunto peculado, tras una investigación relacionada con proyectos no ejecutados del Conades...
- 25/10/2009 03:00
PANAMÁ. Todos los años Elías Boniche, un microempresario chorrerano que se dedica a la ebanistería, desembolsa unos $280 para pagar el revisado vehicular y el seguro de daños a terceros que le autoriza poner en circulación los dos carros pick-up que usa para repartir su muebles en la ciudad y el interior.
Boniche actualmente destina poco más de veinte dólares para la tarifa de revisado, pero ayer se asustó al enterarse que un proyecto aprobado en primer debate, en la Comisión de Transporte de la Asamblea, aumenta la tarifa del revisado a $40 más $15 de la prueba de emisiones de gases, en total $55 que él considera “un atentado para los que tienen carro como su machete de trabajo”.
La preocupación de él se replica en Agustín Araúz y Luis García. El primero trabaja en un call center y tiene un Chevrolet aveo el cual hoy el revisado le cuesta $10.25 “está demasiado exagerado, esto es una locura...ya es suficiente con el alza de la gasolina”, expresó Araúz. Con él coincide García quien sugiere a los diputados modificar el proyecto de ley y dejar los precios del revisado tal y como están.
Pero la preocupación por la aprobación de este proyecto también ha tocado la puerta de los empresarios.
José Bonilla, propietario del Taller Bonilla de Tocumen y presidente de la Asociación Nacional de Talleres asegura que el contenido del documento afectaría a los 200 talleres que hay a nivel nacional y 5 mil personas que trabajan dentro éstos.
Bonilla alega que el proyecto de ley, además del nuevo precio al revisado, establece condiciones para los talleres que en este momento tiene un solo taller y señala directamente a IVESUR S.A. de capital español y con sede en Panamá, Chiriquí y Colón.
Según Bonilla, los 200 talleres que conforman la asociación que dirige quedarían limitados y fuera del negocio porque para atender equipo pesado deberían tener por obligación un área mínima de 1,200 metros cuadrados y además invertir de 8 a 12 mil dólares para comprar equipo tecnológico y poder realizar las pruebas de emisiones de gases.
“Para tener un taller como el de Ivesur tendríamos que invertir un millón de dólares”, expresó. Bonilla asegura que con la medida los usuarios tendrían dos opciones ir “a talleres clandestinos o solo a Ivesur, los demás nos quedaríamos por fuera”. En su taller ubicado en Tocumen, Bonilla atiende un aproximado de 22 carros modelo sedan por día a los cuales les cobra la tarifa de $10.25 por el revisado sin sumar las posibles adecuaciones que se deba hacer al vehículo, además atiende de 10 a 12 camiones y buses cada día por un precio de revisado a poco más de $20. De su taller, que tiene un área de 1,300 metros cuadrados, Bonilla tiene unos 200 destinados a la inspección vehicular.
El gerente del taller Tambor S.A. de Transístmica, Jaime Herrera dijo que por lo que ha palpado la clientela está reacia ante la idea y “de seguro afectaría el bolsillo de los clientes y empresarios. El gasto del revisado es obligatario porque si no la gente tendría que pagar además las boletas por desacato”, comentó.
En Tambor, el proceso de inspección solo va destinado a autos sedan y cuatro por cuatro. En este taller se atienden de 300 a 400 autos al mes y todos pagan $10.25 por el revisado.
Las críticas que han sido dirigidas hacia la empresa Ivesur S.A. fueron enfrentadas ayer por su gerente, Daniel Cárdenas. “No somos la única empresa que cuenta con los equipos y dimensiones. Sura tiene el mismo sistema, Aseguradora Ancón va a inaugurar el mismo sistema este año.. no somos los únicos”.
La demanda de autos atendidos en Ivesur es de 100 mil a 120 mil vehículos anuales entre modelos sedan, buses y equipo pesado.
De establecerse tal como está el proyecto de ley 100 que además prevé que el revisado se haga dos veces por año en buses de pasajeros, el negocio quedaría en manos de tres empresas. ¿Se darían abasto a la demanda?
El martes los dueños de talleres llevarán consideraciones técnicas a la Asamblea Nacional. “Vamos a probar que las especificaciones de ese proyecto no son necesarias”, dijo Felipe Rodríguez, empresario del sector.
Por el momento crece el malestar entre los conductores por el aumento.