Denuncian existencia de 'cárceles negras' en China

China está operando cientos de prisiones ilegales donde las personas son detenidas por intentar quejarse sobre corrupción en el nivel local, según denunció la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

HRW aseguró que estos centros, conocidos como "cárceles negras", funcionan en hoteles del Estado, hogares de ancianos y hospitales psiquiátricos. Entre los detenidos se encuentran personas comunes y corrientes, que viajan a Pekín y a otras ciudades desde zonas rurales y son secuestradas y arrestadas por funcionarios gubernamentales y fuerzas de seguridad para evitar que reporten actos de corrupción o que pidan una indemnización por tierras robadas. El gobierno chino niega la existencia de las cárceles, a pesar de la amplia cobertura del tema por parte de académicos y periodistas.

Los detenidos a menudo son objeto de abusos físicos y psicológicos en estos centros operados por los gobiernos provinciales y las autoridades locales. A quienes permanecen en estas prisiones se les quita sus teléfonos celulares para evitar que se comuniquen con familiares o abogados. Y algunos aseguran que han sido violados. También es común la privación del sueño, la comida y la atención médica.

En China es difícil para la gente hacer oír su voz; el imperio de la ley es débil. Desde tiempos imperiales, a los "peticionarios" se les ha permitido teóricamente llegar hasta la capital para plantear sus quejas. Sin embargo, los gobiernos provinciales reciben una mala calificación si muchos viajan a Pekín con ese fin, por lo que han decidido interceptarlos. Y en lugar de recibir ayuda, las personas son a menudo detenidos, multados y castigados. Algunos permanecen cautivos durante meses y sólo son liberados cuando prometen retirar su demanda.

"La existencia de esas prisiones secretas en el corazón de Pekín hace ridículas las declaraciones del gobierno chino sobre la mejora de la situación de derechos humanos y el respeto de la ley", dijo Sophie Richardson, una de las responsables para Asia de HRW. "El gobierno debería actuar rápidamente para cerrar esos lugares, investigar a quiénes los dirigen y dar asistencia a los que han sido víctimas de ellos", agregó. La investigación que dio pie al informe "Un callejón al infierno" fue realizada entre abril y mayo en Pekín y otras ciudades chinas, y se basó en entrevistas a 38 detenidos. Entre los apresados hay incluso menores de edad, asegura la organización.