SIP aplaude fin a la mordaza argentina

MIAMI. El Senado argentino aprobó el pasado 19 de noviembre una reforma el Código Penal en materia de delitos de injurias y calumnias, eliminando la pena de prisión sustituyéndola por multas en los casos en que se involucren aspectos de interés público.

La legislación, propuesta por la presidenta Cristina de Kirchner en septiembre pasado, había sido aprobada por la Cámara de Diputados el 28 de octubre.

Los senadores la aprobaron la semana pasada por unanimidad y ahora solo falta que sea promulgada por el Gobierno de Fernández.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su beneplácito por la despenalización de la calumnia e injuria en Argentina. El organismo en un pronunciamiento internacional dio a conocer que la medida legislativa argentina sienta un precedente importante “para que la prensa pueda trabajar libremente, sin inhibiciones ni temores”.

El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, subdirector de Diario Las Américas de Miami, manifestó su satisfacción por la aprobación de la norma, indicando que “se apega a nuestro permanente reclamo para que las legislaciones nacionales sobre prensa y expresión se ajusten a los estándares jurídicos interamericanos”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, director editorial del San Antonio Express-News , manifestó que “se trata de un logro trascendente, porque permite que los periodistas puedan trabajar libremente, sin inhibiciones ni temores, o que deberán autocensurarse para evitar ir a la cárcel cuando investigan temas complejos que atañen a funcionarios públicos o a temas de interés público”.

En ese sentido, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala en su décimo artículo que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”.

De acuerdo con un boletín de la SIP, la medida se originó como respuesta a una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecida en una condena en el 2008 contra el Estado argentino, originada tras una denuncia del periodista argentino Eduardo Kimel, quien fue condenado por la Corte Suprema a un año de prisión, suspensión y pago de una indemnización. Kimel publicó un libro en noviembre de 1989 en el que criticó la conducta de un juez a raíz de la investigación del asesinato de cinco religiosos, lo cual le generó la demanda y condena.

Argentina se suma a El Salvador, México y Uruguay, naciones del continente americano donde también se despenalizaron los delitos de calumnia e injuria.