Una separación anunciada

El anuncio de la suspensión de la procuradora general de la Nación, emitido por la Corte Suprema de Justicia, más que sorprender revela el alto grado de resquebrajamiento institucional que vive nuestra sociedad. El principal actor y la principal víctima de la indefensión jurídica que venimos viviendo y que se agrava con la separación de la procuradora, asiste mudo e impávido a este acto que, además de farsa, puede ser tragedia. La decisión pone más en duda la legitimidad de las instituciones estatales, instituciones que cada vez lo son menos porque no responden a los principios elementales de un estado Democrático, de un estado de Derecho, de un estado Constitucional.

Es difícil responder a todas las interrogantes que abre una decisión de esta naturaleza, sobre todo cuando ésta interviene en un entorno enrarecido y viciado por toda una serie de acciones y prácticas ajenas. Hemos venido viviendo, especialmente desde el gobierno pasado, un descomedido ataque a las más elementales normas de protección y defensa de las garantías fundamentales.

Hábeas corpus, amparo de garantías, hábeas data y un número plural de normas procedimentales han recibido los embates de los partidarios de un Estado autoritario. Las violaciones a los derechos humanos, así como la posposición de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, han ido dibujando un leviathan criollo que no nos anuncia una temporada de cosecha de libertades, sino más bien de abandono de las mismas.

Un estado fallido, desgastado, anacrónico, desviado, agotado es lo que aparece día a día, en medio de las sucesivas olas de decepción y desilusión, que vienen alimentado las acciones de un indeterminado número de autoridades de los distintos Órganos del Estado. Cada día son menos los instrumentos y herramientas ciudadanas para la racionalización del ejercicio del poder político y, cada día son más los destrozos que se producen al tejido social para aumentar su descomposición.

Ante este panorama, para nada alentador, donde la manipulación e intimidación de los engranajes del poder se recrean en su papel de secuestradores de los derechos ciudadanos y de la participación ciudadana, así como de sus espacios de actuación, urge una reacción que active a la ciudadanía. Esta no puede ser otra que el conquistar una sociedad civil fuerte, decidida, cohesionada e influyente que enfrente, a través de una asamblea constituyente, la putrefacción del Estado y de sus Órganos.

No es tiempo para conformismos, ni sometimientos. Es la hora de la participación ciudadana y de la justicia social. Es hora de recordar, con Edmund Burke, que "para que triunfe el mal, basta que los hombres de bien no hagan nada".