Rechazo general a fallo de la Corte

No solo los miembros del “Movimiento 23 de Octubre” han salido este martes a expresar su rechazo, o al menos su estupor e incredulidad ante el fallo dado a conocer ayer por el magistrado Alejandro Moncada Luna, a través del cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó al hijo de Rosa Rodríguez Vargas una indemnización de 10 millones de dólares que, en concepto de daños y perjuicios materiales y morales, sus abogados exigían a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y al Estado panameño.

Para el analista político José Isabel Blandón, la medida es lo menos sorpresiva, porque resulta difícil comprender cómo se ha podido desvincular toda responsabilidad al Estado panameño cuando es quien gestiona los cupos, quien supervisa los vehículos que circulan a través del revisado, quien cobra el impuesto de circulación, es decir, quien coordina y supervisa todo lo relacionado con el transporte selectivo y colectivo del país. De no ser así, el Estado no podría licitar en este momento el nuevo sistema de transporte público del Metrobús con el que desean resolver los desmanes que día a día se dan en el sector y que afectan a miles de usuarios.

“Este fallo deja un mal sabor y en mal lugar a la justicia panameña”, porque no se puede desligar al Estado de una actividad que es su responsabilidad. La paradoja, agregó, es que el Estado otorgó 25,00 dólares a decenas de propietarios de “diablos rojos”, pero no pudieron aceptar su responsabilidad frente a las víctimas.

Mírese como se mire, el fallo es injusto y crea un precedente que incluso podría dar luces sobre lo que deben esperar los cientos -o miles- de víctimas por envenenamiento con dietilenglicol, sustentó Blandón. En este caso, añadió, había una empresa de por medio que importó el tóxico pero fue una dependencia del Estado, la Caja de Seguro Social (CSS), la que preparó y distribuyó la medicina que luego afectó a miles de asegurados. “'¿Quién es el responsable directo? La Caja de Seguro Social”, contestó. “Esto me preocupa mucho porque aquí tenemos un caso que necesita una decisión final”, añadió.

Esta decisión, que según explicó ya no admite más demandas, podría ser llevada a las instancias internacionales, porque no es aceptable que se deje por fuera a los familiares de las personas que murieron y a los que quedaron con graves secuelas, algunas de por vida. En este sentido, reconoció que Panamá ha perdido la mayor parte de los fallos internacionales, por lo que posiblemente el país tendrá que hacer frente a pagos millonarios debido a una decisión injusta.

“Hay un problema de justicia en su sentido más amplio, porque si volteas la cara a esto la justicia internacional lo va a mirar”, concluyó durante su participación en el programa radial Choque de Opiniones.