‘Salud no tiene capacidad para análisis’

Lo primero que le pasa por la mente el doctor Gustavo Arosemena, director del Instituto Especializado de Análisis (IEA), ante la intención del Ministerio de Salud (MINSA) de no enviar los fármacos para los análisis a este centro de investigación, es la tragedia de cientos de muertos por el envenenamiento de dietilenglicol. Además, hay otros elementos que preocupan al profesor, que fueron incluidos en el proyecto de ley que reemplazará la Ley 1 de Medicamentos.

¿EXISTE EL RETRASO EN LOS ANÁLISIS QUE ASEGURA EL MINISTERIO DE SALUD?

Nuestro personal estuvo en dos misiones casi dos años, por un lado el trabajo diario y al mismo tiempo asistía a las capacitaciones para certificarse. Cada analista tiene una cuota mínima de 12 análisis al mes. Hicimos un programa nuevo de trabajo de tiempo y medio. Con este sistema nos pusimos al día.

¿DESDE CUÁNDO EL MINSA QUIERE TENER SU PROPIO LABORATORIO?

Esa fue una propuesta del gobierno anterior, nosotros nos reunimos con el presidente Martín Torrijos y con el ministro Camilo Alleyne para disuadirlos de la idea. Ellos querían tener un laboratorio en el ministerio o sacar el de la universidad para un lugar que fuera del ministerio. Eso se descartó y vuelve a resurgir con la nueva ley de medicamentos.

¿QUÉ GARANTIZA LA UP?

La independencia de la ley universitaria. Aquí los analistas tienen que firmar una nota de confiabilidad, no pueden divulgar los resultados a las compañías que quieran un registro sanitario. La ley nos obliga a enviarlos a la dirección de Farmacia y Drogas del MINSA.

¿QUÉ PELIGRO HABRÍA, DE LLEVARSE EL INSTITUTO?

Caería este tema en el engranaje político porque hay que recordar que el ministerio es un ente político que cambia cada cinco años.

¿QUÉ SE ANALIZA?

El MINSA le pide a la empresa que quiere vender un producto una cantidad de muestras. Necesitamos una cantidad de éstas para poder analizarlas. La exigencia del MINSA es que se le hagan diferentes tipos de pruebas, microbiología, disolución, presencia del principio activo. Además, tienen que traer los patrones de referencia que es el producto concentrado puro con el que se comprara si está igual que la muestra procesada.

¿QUÉ SE LE ENTREGA AL MINSA?

Al final se escribe un dictamen, donde van los resultados de cada analista, eso va a un libro. El dictamen me lo traen a mí y yo lo firmo y lo envío al MINSA. Ellos toman el dictamen y lo compraran con la fórmula y miran si los valores son iguales y le tramitan el registro sanitario. Si los valores en alguno de los aspectos no coinciden, lo rechazan. El producto no puede ser enviado a Panamá hasta que no tenga el registro sanitario.

¿CÓMO SE FINANCIA EL INSTITUTO?

La Universidad de Panamá nos da un presupuesto aproximando de 600 mil dólares, al mismo tiempo nosotros generamos ingresos por autogestión, sobrepasamos esa cifra, porque cobramos una tarifa por analizar no solamente medicamentos, también analizamos la calidad del agua, medio ambiente; brindamos servicios a las empresas privadas.

¿EL PRECIO POR ANALIZAR LOS FÁRMACOS?

Al MINSA le cobramos 750 dólares por cada medicamento. También cobramos por parámetros, las tarifas fueron aprobadas por el Consejo Administrativo de la UP en 2001 y le hemos presentado la solicitud de evaluarlas. Con esto nos podemos financiar, las operaciones del IEA son muy costosas, reactivos, mantenimiento de los equipos, el personal.

¿CUÁNTAS SOLICITUDES ENVÍA EL MINSA AL MES?

Al año realizamos unos 1,200 análisis de medicamentos.

¿QUÉ TIEMPO DA LA LEY PARA UN REGISTRO SANITARIO?

Hasta ahora hablamos de cinco años, pero la nueva norma dice que serán diez. Yo creo que no, me parece que si eso se hace habría que tener registros cada año o cada dos años, traer al Instituto para nuevos análisis porque en cinco años salen muchos lotes a la venta y solo se analizó el primero. Es un riesgo en cinco años, imagínate en diez. El MINSA, para sustentar ese tiempo, lo que hará es tomar muestras de cada lote en circulación, mandárnoslo a nosotros para análisis.

¿QUÉ OTROS CAMBIOS TRAE LA LEY?

Que los laboratorios privados puedan ofrecer estos análisis, siempre y cuando nosotros le demos el aval, que vayamos a las instalaciones y revisemos las condiciones. El otro factor es que nos atrasemos, la crítica mayor es por el tiempo que tardan los registros sanitarios.

¿CUÁNTO DEMORARÁ UN ANÁLISIS CON LA NUEVA LEY?

Establece que no debe tardar más de 120 días. El problema es que nosotros hacemos la parte de análisis y el MINSA tiene que hacer la revisión y suman los dos tiempos. Ellos se quejan de que tienen poco personal, en ocasiones esto sobrepasa el año. Pero eso no es de extrañar, hay países en que se demora más. La tendencia es que bajemos el tiempo, entre cuatro y seis meses.

¿CUÁNTAS PERSONAS HACEN EL TRABAJO EN EL IEA?

Son unos sesenta. Estamos comprando equipos más automatizados para incluso ponerlos en la tarde y al día siguiente se puedan leer los resultados. Eso va a mejorar la productividad. Tenemos una cuota por analista.

¿AL ANALISTA SE LE PAGA ACORDE CON SU TRABAJO?

Comparados con los otros países, se les paga bien, pero quisiéramos pagarles más porque el costo de la vida en Panamá ha aumentado y deberíamos cobrar más porque la tarifa se quedó obsoleta.

¿HAY PELIGROS CON LA NUEVA LEY QUE INGRESEN PRODUCTOS SIN REGISTROS?

Tengo entendido que hay países como Estados Unidos y algunos de la Unión Europea que podrán ingresar y acá se les haría los análisis posteriores. No deja de ser peligroso vender medicamentos directamente aunque traigan sus análisis sin pasar por el IEA.

¿QUÉ REVISÓ EL IEA DEL CASO DIETILENGLICOL?

La materia prima la trajeron los laboratorios panameños que fabricaban los productos. La CSS tiene su propio centro de pruebas y cuando terminan el producto lo someten a Farmacia y Drogas. En ocasiones nos mandan materia prima para análisis. En el caso de los envenenados, la CSS debió mandar al Instituto los productos que ellos hacían, unos 25 productos, pero nunca nos los mandaron.