Se instala Comisión para investigar los sucesos ocurridos en Bocas del Toro

La Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos ocurridos en Bocas del Toro se instaló este jueves en el Salón Los Próceres del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Comisión fue creada mediante Resolución de Gabinete 101 de 21 de julio de 2010, con el propósito de determinar las causas de orden socio-cultural, laboral, económicas y políticas que motivaron los hechos registrados en esa provincia entre el 5 y 13 de julio de 2010.

La Comisión está integrada por personalidades reconocidas por su trayectoria en la promoción del Estado de Derecho y los Derechos Humanos, así como representativas de diversos grupos de la sociedad civil, a saber:

*Octavio Amat, Abogado, Ex Director del Diario El Panamá América.

*Rubén Castillo, Abogado y Presidente de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

*Anibal Galindo, Abogado y socio de la firma forense Alemán, Cordero, Galindo & Lee.

*Julia Suira, Dirigente Sindical. - Roberto Troncoso, Abogado, Ex Presidente del Comité Panameño de los Derechos Humanos.

*Mariela Vega, Abogada, Jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien funge como Secretaria Ejecutiva de la Comisión.

*Reverendo Padre Roberto Sirauqui, quien participa en calidad de Observador.

En el acto de instalación, el Vicepresidente y Canciller de la República, Juan Carlos Varela, destacó el mandato de la Comisión de trabajar con independencia, veracidad, pluralismo y objetividad; valores y criterios asumidos por sus miembros para realizar la tarea encomendada.

El Canciller Varela dijo que “el informe que resulte de las investigaciones es un compromiso con el país que debe orientarse hacia la reconciliación y la promoción de una cultura de paz y de ciudadanía democrática, para que estos lamentables hechos ocurridos en la provincia de Bocas del Toro nunca más se vuelvan a repetir”.

La Comisión efectuará consultas y entrevistas con autoridades del Estado, Sector Obrero, Pueblos indígenas, Sector Privado, Sociedad Civil, Grupos Eclesiásticos, entre otros.

Estos informes serán analizados y cotejados con las diversas versiones que surjan de distintas fuentes.

Los miembros de la Comisión Especial deberán consensuar un informe final de la cual deben salir conclusiones y recomendaciones.