Marrullería impide reformas a ley de la LNB

PANAMÁ. Los tentáculos de los acaparadores y de los barones que operan en la clandestinidad en la venta de números de la Lotería (casas grandes) quedaron en evidencia. La fuerza e influencia con la que se manejan a lo interno de la institución han echado por tierra todo un clamor de más de 13 mil billeteros que solicitaban un ajuste en sus ganancias y hasta la intención del propio director de la entidad, José Pablo Ramos, de acabar con la venta condicionada y explotar otras formas de juego.

Una inocultable frustración existe en ambos grupos, particularmente en quienes dirigen la entidad, como en el grupo que exige que se haga efectiva una promesa de campaña.

Un tercer grupo, que por años se ha mantenido como una red organizada de bajo perfil, con réditos millonarios y que casi todos conocen pero del que poco se habla, han impuesto hasta ahora las reglas del juego.

Desde que la Lotería Nacional y Beneficencia (LNB) se rige mediante el decreto Ejecutivo de 1969 ha estado sumergida en una serie de irregularidades apoyada en ocasiones por directivos y administrativos, que contrario a buscarle un solución, se suman para convertirse en cómplices de este mal: empeño ilegal de las libretas, la tolerancia al chance clandestino, el huego de los acaparadores de libretas y de políticos que sirven a estos intereses. Esta es la sintomatología en un escenario para nada transparente en una institución llamada a solventar —en nombre del Estado— soluciones a tanto problema social que prevalece.

La llegada de José Pablo Ramos a la LNB a inicios del año pasado no ha sido la excepción. Se le ha acusado desde favoritismo en la entrega de ‘tableros’ de lotería por varios miles de dólares a miembros de una misma familia, hasta declararse impotente ante la organización de los ‘mayoristas’ que opera a lo interno de la entidad, con ventanilla y horario especial.

La diferencia está en que hasta ahora ha sido el único que ha promovido un proyecto de ley que modifica la Ley actual con objetivos claros: explotar otros tipos de apuestas, aumentar las comisiones de los billeteros al 12.5% y sancionar a los que se dediquen a la venta condicionada. Su propuesta ignora olímpicamente las anomalías antes mencionadas. Estos cambios fueron discutidos en primer debate en la Asamblea Nacional. Hasta ese foro político llegaron los tentáculos de las organizaciones ilegales, tomando como aliados a varios diputados.

INTERESES

Ramos está convencido, y así lo manifestó, de que los intereses evitaron que hasta ahora el proyecto de Ley 312 haya sido aprobado. ‘Se comenta por allí que algunos legisladores que se dedican al negocio de casas grandes aguantaron la iniciativa... Hay mano negra en eso’, sentenció al ser cuestionado sobre el tema.

Sin precisar los nombres, el funcionario reveló que son varios los diputados que se han agrupado para rechazar la iniciativa porque atenta contra sus intereses. No obstante, dejó claro que no va a ‘pelearse ni desgastarse’ enfrentándolos. ‘No iríamos a ningún lado porque entraríamos en un dime que te digo sin resultados’, dijo.

Ramos no descarta que se trata de un pase de factura ante la petición negada a diputados de que se les conceda libretas. ‘Si es así (las facturas) se las están pasando es al pueblo porque es a ellos a quienes les están haciendo el daño’.

Sobre el tema, el diputado panameñista Osman Gómez retó a Ramos para que denuncie a los diputados que, según él, se dedican al negocio de casas grandes. ‘Que diga quiénes son, que sea varoncito’, retó.

Molesto por el señalamiento, Gómez califica como un ‘capricho’ la intención legislativa de Ramos, que al parecer no tendrá ningún futuro. Considera que ningún diputado está dispuesto a sacrificar su popularidad en las comunidades por aprobar una ley que incluye sanciones a las personas que se dedican a la venta de un bill (chance clandestino) de número para sobrevivir por falta de oportunidades. ‘En mi distrito más de 500 personas dependen de la venta de chances de dos y tres tiempos... Eso sería negarle la oportunidad a ganarse el pan de todos los días’, explicó.

En tanto, José Munoz, presidente de la Asamblea Nacional, advierte que la iniciativa tal y como está —pese a las 10 modificaciones que se le hicieron en primer debate— no cuenta con el consenso necesario de la mayoría. De ese modo, justifica Muñoz, es que hasta ahora no se haya aprobado. ‘Debemos consensuar sobre el tema. Es probable que regrese a la Comisión de Hacienda a primer debate’, concluyó el también diputado de Cambio Democrático.

En la discusión en primer debate el presidente de la Comisión de Hacienda, Sergio Gálvez, acordó con los llamados Billeteros Independientes y del Sindicato de Billeteros eliminar el artículo 24 del proyecto que contempla sanciones por la venta condicionada, y en su lugar se incrementó las sanciones hasta de un millón de dólares a quienes se dediquen al negocio de las casas grandes.

Al parecer, ese ha sido el punto álgido que ha creado fricción entre los diputados y Ramos. Sin duda, los padres de la patria se han convertido en el mayor obstáculo de esta iniciativa.