Política de seguridad en las fronteras

PROFESOR UNIVERSIDAD DE PANAMÁ E INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CELA Desde hace una década insistimos en que la falta de seguridad pública en Panamá es resultado de las políticas equivocadas de los gobiernos de turno. La seguridad no se garantiza blindando las fronteras, sino poniendo fin a las políticas de flexibilización del trabajo, desregulación y corrupción, que generan inestabilidad social y criminalidad. Debemos cambiar de dirección y construir una sociedad con un plan de desarrollo de pleno empleo, que erradique la criminalidad y garantice el crecimiento con seguridad. La criminalidad y la violencia social son producto de la forma en que los sectores más poderosos organizan la sociedad. La especulación que predomina en Panamá genera familias desintegradas, deserción escolar y pandillerismo.

A pesar de esta realidad, los últimos gobiernos invierten sus recursos en actividades que sólo agudizan la situación. En el caso de la seguridad pública, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli ha declarado una zona de guerra en la frontera con Colombia y a lo largo de ambas costas del Istmo, hace caso omiso de la realidad del país, invierte nuestros recursos en programas de ‘contrainsurgencia’ y persigue a familias campesinas y pescadoras. La técnica la saca de manuales preparados por las fuerzas armadas norteamericanas y distribuidos por el Comando Sur de Florida. Hay indicios de que el gobierno nacional está creando estamentos militares con la cooperación de EEUU.

La Constitución Política de Panamá señala en forma explícita que no existe y no se crearán fuerzas armadas en el país. En su lugar sólo existirá una Policía Nacional. Con la construcción de nueve bases aéreo-navales en las costas de ambos océanos por parte de EEUU, a partir de 2010, se inició de lleno la creación de los batallones militares. Entre 2010 y 2011, EEUU gastó más de 20 millones de dólares en el acondicionamiento de 9 bases ‘aéreo-navales’ sobre las costas de Panamá. La suma no incluye entrenamiento militar para un número desconocido de agentes de la Policía Nacional en EEUU. En Bahía Piñas, EEUU está invirtiendo 4 millones de dólares en la construcción de barracas con fines militares y un muelle para naves con capacidad de interceptar barcos en alta mar. El más reciente manual sobre táctica contrainsurgente, que estudian los jóvenes reclutas panameños en EEUU, apunta hacia la nueva estrategia regional que ese país aplica en Darién. En la actualidad, para efectos de sus ejercicios de contrainsurgencia, EEUU reúne al narcotráfico, el terrorismo y la guerrilla bajo el mismo concepto de insurgencia.

En Jaqué, cerca de Bahía Piñas, la base militar financiada por EEUU y operada por efectivos panameños ha construido retenes y controla los movimientos de la población. En la comarca Kuna Yala ha generado reacciones de los pobladores que acusan a la fuerza fronteriza de ‘terrorismo’. En el norte de la provincia de Veraguas ha provocado un enfrentamiento entre la comunidad y las tropas navales. Recientemente, el gobierno anunció la construcción de otra base militar en las costas del distrito de Antón, provincia de Coclé.