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27 de Oct de 2020

Nacional

Ciudad Hospitalaria, una obra con muchos sobresaltos

PANAMÁ. Este es un proyecto que nació sumergido en la polémica. En nombre del colapso de las instalaciones del Complejo Hospitalario Met...

PANAMÁ. Este es un proyecto que nació sumergido en la polémica. En nombre del colapso de las instalaciones del Complejo Hospitalario Metropolitano Arnulfo Arias Madrid y del hospital Geriátrico, la Dirección General de la Caja de Seguro Social (CSS), licitó y adjudicó en octubre de 2011 este proyecto sin la debida aprobación de la Junta Directiva de la CSS, violentando la Ley 51 de 2005.

Sin duda, la instancia que debe refrendar todos los gastos superiores a los $250 mil, se había convertido en una piedra en el camino de la Administración y, no era ningún secreto.

En consecuencia, el pasado 2 de febrero, la mayoría de los directivos de la institución votaron en contra de este proyecto que le costará a la CSS, $587 millones de dólares.

Por esos días y en relación a esta problemática, el ex director de la Caja, el economista Juan Jované, opinaba que lo promovido por la administración de la Caja era una acción ‘normal’, lo que si encontraba irregular era una cláusula en el contrato que dice que, en caso de que no se haga el proyecto, la CSS tendría que indemnizar a la empresa constructora. Felizmente, el contrato fue aprobado unos días después del rechazo y el trámite siguió su curso.

El 23 de abril pasado, y con varios meses de atraso, el contrato N.° R-12-2011 fue firmado para iniciar los trámites de refrendo, de parte de la Contraloría General de la República.

Ejecutivos de la Caja atribuían a la Junta Directiva la causa de la demora de todos estos trámites; mientras trascendían versiones no oficiales sobre los problemas del contratista, la española FCC, para lograr el financiamiento del proyecto.

ASUNTOS DE TRANSPARENCIA

Hace unos días, el presi dente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Francisco Sánchez Cárdenas, denunció la supuesta aprobación de una adenda al contrato, que supondría un aumento de $200 millones. Visiblemente incómodo, Guillermo Sáez Llorens consignaba el hecho y acusaba de irresponsable a este diario por hacerse eco de una denuncia, de las tantas que se hacen a través de las redes sociales.

Sobre el particular, Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción, dijo que el director de la Caja le debe una ‘buena’ aclaración a los asegurados sobre esta denuncia, porque de lo contrario ‘todos vamos a pensar que lo que querían eran agrandar la coima’.

Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, opinó que ‘en los contratos llave en mano, deberá fijarse el precio global de antemano y de manera invariable para la totalidad de los trabajos previstos en los planos y presupuestos; también se establecerá que el contratista nunca podrá sufrir reducción del precio o exigir aumento de este. Además, en el contrato deberá quedar claramente establecido que no queda ninguna posibilidad de plantear imprevisión contractual’, dijo.

Como se puede observar, agrega, esta modificaión abre las puertas para que en los contratos ‘llave en mano’, en donde se supone que los riesgos deben ser incluidos en el precio propuesto, ahora se puedan llevar a cabo modificaciones, lo cual va contra el espíritu de los mismos, ya que la ley de contratación pública no establece límites claros para la modificación de los montos de los diferentes tipos de contratos.