ATTT entre la espada y la pared

PANAMÁ. Los problemas del transporte público en la ciudad capital se han convertido en un dilema al cual el ‘gobierno del cambio’ no enc...

PANAMÁ. Los problemas del transporte público en la ciudad capital se han convertido en un dilema al cual el ‘gobierno del cambio’ no encuentra salida.

A pesar de que los prometidos cambios iniciaron con la salida de los ‘‘diablos rojos’’, poniendo en escena la flota del Metrobús —que las autoridades profesaron hasta la saciedad sería la salida frente al ineficiente sistema de transporte— cinco meses después la historia es otra. Esta última frase se ha convertido en el lema que 200 exconductores de los ‘‘diablos’’ repiten y repiten.

Ahora, como lo narra Tomasito López, secretario de Defensa y Asistencia Legal del Sindicato de Conductores del Transporte Colectivo (Sicotrac), la salida de los conductores de los ‘diablos rojos’ se convirtió en un remedio que resultó peor que la enfermedad y que no solo afecta a los usuarios, pues aún están a la espera de ser indemnizados.

El dirigente transportista asegura que desde aquel 15 de marzo, nada volvió a ser igual. A pesar de que había un acuerdo de que las indemnizaciones serían canceladas a medida que se completara la introducción de las unidades de Metrobús en la práctica no ha sido así.

Más de 200 transportistas de nueve rutas de Mano de Piedra, Veranillo, Concep ción, Tocumen, entre otras, han desatado una lucha porque el gobierno les pague $5 millones que les adeuda en concepto de indemnización.

Es que pareciera que todo conspira en su contra. Los trámites para la cancelación de los pagos son ‘en extremo burocráticos’, dice.

Según lo dispone la resolución 14 del 31 de agosto de 2010 —que establece el procedimiento para indemnizar a los dueños de ‘‘diablos rojos’’— la ATTT deberá expedir un documento denominado Reconocimiento de servicio, que sería el símil del cupo de los buses legales. ‘Al final del camino los procesos pasan por unas 18 ma nos antes de llegar a la Contraloría’, asegura López.

Es por esta razón que los retrasos mantienen a los transportistas en alerta. El pasado lunes salieron a la calle frente a la sede principal de la Defensoría del Pueblo, en Calle 50, y aseguran que si el gobierno no les paga volverán a manifestarse.

El cierre parcial del pasado lunes provocó que 48 horas después, con la mediación del nuevo defensor del Pueblo, Javier Mitil, el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Roberto Moreno, y la dirigencia de Sicotrac lograran un primer acercamiento.

Durante este primer encuentro el director del Tránsito expuso como razones del retraso de los pagos a los transportistas la demora de los refrendos en la Contraloría y los problemas con la empresa Sonda —que administra financieramente el sistema Metrobús—.

¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? En el tránsito la respuesta la sumergen en una gran disyuntiva: ahora han puesto en la mira presionar para potenciar el buen funcionamiento del Metrobús, y que en la actualidad su implementación se ha convertido peor que la enfermedad.

Todo apunta a que las presiones se intensifican. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, ya lo ha advertido: ‘si Sonda no cumple tendrá que irse’.

Para representantes de Canatra como Esteban Rodríguez, el vaticinio presidencial es inminente porque, recalca, ‘hay una decepción en la población, el problema es la frecuencia’. Por esta razón, no por nada, el enredo en las frecuencias y el estancamiento en el pago de las indemnizaciones más las presiones del Ejecutivo se han convertido en una promesa de vaticinio para la masa transportista: ‘el regreso de los ‘diablos rojos’ podría darse incluso antes de que se acabe esta gestión gubernamental’, afirma el dirigente transportista Tomasito López.

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