En Panamá Oeste las autoridades no controlan a los precaristas

La invasión de tierras, tema que generó serias diferencias durante las sesiones del Consejo de Representantes de La Chorrera, es uno de los problemas más serios que deberá resolver la alcaldesa electa de este distrito, Lilia Batista, aun con la dificultad de la falta de tierras.

En La Chorrera no se ha desalojado a las familias que, de forma ilegal, se han asentado en distintos puntos de este distrito, las cuales aducen carecer de un techo donde vivir.

El alcalde, Temístocles Herrera, señaló que desde el pasado mes de enero se procedió a efectuar desalojos, a través de la corregiduría de policía.

Herrera encaró el desalojo de aproximadamente 60 familias en el sector de La Milagrosa, corregimiento de Playa Leona, sin ningún resultado.

En esta ocasión, una de las parcelas invadidas era de propiedad privada, en tanto que otra es un terreno adjudicado al Ministerio de Obras Públicas.

En este sector, las dos ocupaciones se dieron en la barriada La Milagrosa, corregimiento de Playa Leona.

UN CASO DIFÍCIL

Hace dos años, Jennifer Springel, al igual que unas 30 familias que suman alrededor de 200 personas, entraron a una hectárea de tierra y edificaron casas, pues por años el terreno se mantuvo desocupado.

Se trata de una extensión de tierra en la finca municipal 6028, colindante con la autopista Arraiján-La Chorrera, la que mediante el Acuerdo Municipal N° 26 de 26 de junio de 2002, en su artículo quinto, es autorizada para la venta y traspaso a la Universidad de La Paz.

Este caso ha ido más allá. Los 10 mil metros cuadrados de tierra se vendieron a la Universidad mediante contrato 17,466 a un valor de $5 el metro cuadrado; sin embargo, la administración municipal solo recibió el pago de estas tierras hasta el año 2004, arrojando para el año 2013 una deuda aproximada de $62,500, según datos manejados por Tesorería Municipal.

Aunque por largo tiempo se habló de rescindir el contrato de venta a la universidad, esto formalmente nunca se presentó, dando como resultado que la deuda pendiente se cancelara una vez la universidad cede los derechos a un tercero, motivo que originó que los invasores, a través de una abogada, presentaran una demanda de oposición por venta, la que hasta este momento no ha tenido respuesta y los precaristas permanecen en el sector.

Jennifer dice que la mayoría de las personas invasoras vivían en cuartos de alquiler, pero deseaban formalizarse obteniendo un terreno, por lo cual al ir a solicitar su legalización a la alcaldía, se les informó que, de venderse, ellos no podrían cancelarlo.

CONSTRUCCIÓN

Algunos conocedores indican que el acaparamiento de fincas que se ha venido observando en esta parte de la recién creada décima provincia, utilizadas para la construcción de proyectos habitacionales, es lo que ha ido orillando a personas a buscar espacios que no están en uso para tomárselos.

Para el alcalde Herrera, el tema de las invasiones es lo más difícil que manejó durante su administración, pues una vez se percataba el municipio de alguna invasión, dialogaba con las personas para explicarles lo ilegal de la acción, pero no reaccionaban.

Señaló que en algunos casos, donde las tierras que ya habían sido cedidas por el municipio eran invadidas, se realizaban reuniones en las que se les explicaba el estatus de las tierras, pero ni siquiera así acataban la orden de salir del terreno.

Las distintas administraciones municipales de La Chorrera, a lo largo de los años, han tenido que lidiar con el problema de invasiones de tierras en sectores como Santa Elena, Mastranto, La Milagrosa y El Progreso N° 1, pero no han podido lograr los desalojos.