Nueva herramienta para fiscalizar al Estado

Antes de que finalice el año, Panamá contará con una plataforma electrónica de acceso a la información pública, como la que usan en países de Europa.

Toda persona que desee información del Estado podrá solicitarla desde cualquier parte del país, solo debe acceder desde una computadora a un sistema que se adaptará a las legislaciones panameñas.

Los ministerios, entidades autónomas y semiautónomas y municipios del país deberán responder en 30 días y suministrar la información pública requerida referente a contratos, planillas, resoluciones, documento de compras y adquisiciones.

En el mismo portal de cada entidad, se podrá observar si las peticiones ciudadanas fueron contestadas o no.

DETALLES

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), creada con la Ley 33 de 25 de abril de 2013 reemplazando así a la Secretaría Nacional de Transparencia contra la Corrupción, ganó el concurso promovido por el Fondo de Prosperidad (Prosperity Fund) y gestionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

Países de Centroamérica y el Caribe concursaron. Panamá participó con el proyecto ‘Plataforma electrónica para acceso a la información a nivel gubernamental’ en agosto de 2013 y el 7 de mayo de 2014 el embajador de Reino Unido en Panamá, Ian Collard, comunicó a Abigail Benzadón , directora general de la ANTAI, el otorgamiento de los fondos para llevar a cabo este proyecto.

Se trata de $85 mil (50 mil 200 libras esterlinas) para el desarrollo de la plataforma.

La empresa británica mySociety Ltd. recibió los fondos directamente e implementará el proyecto.

‘Estamos muy contentos de poder trabajar con ustedes en el desarrollo de este innovador proyecto que será de gran beneficio para la transparencia en el país’, escribió Collard a Benzadón.

El embajador británico manifestó que la herramienta electrónica ‘promoverá y facilitará la participación de la ciudadanía ayudando a procesar y llevar un mejor registro de las solicitudes de acceso a la información de acuerdo a la Ley de Transparencia’.

El lunes llegó a Panamá Benjamín Nickolls, gerente comercial de mySociety Ltd., y sostuvo la primera reunión preparatoria con personal de la ANTAI este martes. Ayer y hoy se continúa con la agenda de trabajo establecida para profundizar en los detalles del proceso de elaboración y desarrollo de este proyecto.

Han abordado temas referentes al acceso a la información, su legislación vigente en la República de Panamá, así como el intercambio de experiencias exitosas de trabajo, las cuales permitirán la implementación de esta innovadora plataforma electrónica en el país.

MEJORA

La directora general de la ANTAI manifestó a La Estrella de Panamá que Nickolls, luego que se nutre del sistema panameño, regresará a Reino Unido y hará otro viaje a Panamá para instalar el software ya con los ajustes.

La entidad deberá capacitar al ‘oficial de información’, persona que se deberá designar en cada una de las instituciones y que será la responsable de darle las respuestas al público solicitante.

Esa figura está establecida en la vigente Ley 33 de 2013.

Según Benzadón, se podrá contestar de manera pública o privada, pero la entidad deberá responder.

Aclaró que no se trata de los cuestionarios que se envían a las instituciones, sino de requerir acceso a la información.

Habrá que estar claro en información confidencial (datos médicos, psicológicos, la vida íntima u orientación sexual del funcionario) e información de acceso restringido. Nada de eso será suministrado.

OPINIONES

Para Carlos Gasnell, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional de Panamá, todo lo que tenga que ver con mejorar los niveles de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones del Estado es ‘positivo’.

‘Sin embargo, hay un trabajo pendiente para que cambie la cultura de opacidad en las instituciones del Estado respecto a las solicitudes de acceso a la información y la rendición de cuentas’, expresó.

Gasnell sostuvo que para esto tiene que haber un cambio de discurso desde las cúpulas hacia los funcionarios de inferior jerarquía, publicidad destinada a que los ciudadanos conozcan sus derechos, en fin, mucha educación ciudadana.

En tanto, el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, dijo que la transparencia de las actuaciones gubernamentales no es un problema de plataforma tecnológica, ‘es un problema de vocación de servicio de los funcionarios’ y del establecimiento de sanciones efectivas para el que no mantenga los datos de fácil acceso a la ciudadanía.

La tecnología es una herramienta de apoyo a la transparencia gubernamental, pero de nada servirá si los funcionarios que dirigen las diversas instituciones no aportan la información, aseguró el abogado.

Añadió que esto debe formar parte de una política de Estado que los gobiernos deben asumir ‘sin margen de discrecionalidad’.

La corrupción aumentó dramáticamente en el último año. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, de 2013, reveló que Panamá ocupa el puesto 102 de 177 países. En 2012 estaba en el nivel 83, es decir, cayó 19 posiciones en el ranking.