El precedente del colegio condenado por la Corte

‘Se acabó el juega vivo’, señalaba el 21 de junio de 2010 un comunicado de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), que retrató cómo ganó ante la Corte un fallo por una sanción de $25,000 contra la Iglesia Evangélica Metodista, administradora del IPA, por ‘violar las normas de protección al consumidor’.

Según la entidad, un grupo de padres de familia del IPA se había quejado porque no les habían suscrito contratos y les aumentaron mensualidades sin aviso previo.

Ese ha sido el único caso llevado a la esfera judicial por incrementos en la matrícula, aunque no es la primera sanción que la Corte ha confirmado. En agosto pasado, la Sala Tercera ratificó una multa de $8,000 al Colegio Saint George por obligar a los padres a comprar boletos para una actividad bailable en 2012.

Desde una óptica general, la Acodeco aseguró entonces que los colegios particulares se habían convertido en ‘clientes frecuentes’ de su departamento de quejas. Cuatro años después, la historia es parecida: la oficina asegura que impulsa una reforma legal para regular la política de precios, algo en lo que el Ministerio de Educación no interviene.

Entre 2007 y 2013 los colegios particulares fueron sancionados con multas de poco más de $75,000.