Emberás defienden derechos sobre tierras colectivas

En el despacho de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) reposa la sentencia que otorga a una familia darienita los títulos de propiedad sobre los mismos terrenos que les fueron adjudicados a un grupo de indígenas por la Reforma Agraria en 1982.

‘Han pasado dos años y aún la ANATI está pensando qué hacer en relación a dos sentencias para un mismo terreno’, expresó Edgar Chanchore, representante legal de la comunidad Emberá.

Las tierras en disputa se encuentran a unos 205 kilómetros al este de la ciudad capital de Panamá, en el corregimiento de Santa Fe, provincia del Darién. Se trata de aproximadamente 8 mil 250 hectáreas que desde 1982 le pertenecen legalmente a las indígenas de las comunidades Arimae y Emberá Purú, al ser otorgados sus derechos posesorios colectivos por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, adjunta al Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

La tranquilidad de los grupos nativos se ha visto perturbada desde hace cuatro años, cuando miembros de una familia adelantan recursos legales para expropiar la tierra.

Las acciones son encabezadas por Benilda Murillo Ibarguen, cercana colaboradora de la exlegisladora Aydeé Milanés de Lay (militante del Partido Panameñista), de quien los indígenas sospechan estaría intentando ser nombrada en la vacante de la Dirección Regional de la ANATI en Darién.

El apellido Murillo se repite varias veces en una auditoría ejecutada por la Contraloría General de la República en el 2008, que revela irregularidades en el manejo de unos 365 mil dólares administrados por la junta comunal de La Palma, Darién, y que provenían del extinto Fondo de Inversión Social.

LA PETICIÓN FAMILIAR

‘Toda su familia está involucrada en esto’, indicó Elibardo Membache, cacique de tierras colectivas, refiriéndose a Murillo.

El grupo familiar inició en el año 2010 un proceso legal para expropiar las tierras Emberá, al presentar un recurso no contencioso en el Juzgado Mixto Municipal de Chepigana, Darién, alegando que las tierras eran de uso agrícola.

Dos años después, el juzgado falló a favor de los demandantes.

No obstante, la ANATI ha paralizado todo proceso a favor de la familia Murillo, luego de que se percataran de una resolución de reforma agraria que ampara a los indígenas.

EL PROTOCOLO DE LA CORTE

El pasado 18 de septiembre, en una gira oficial a la provincia de Darién, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, sostuvo conversaciones con estas comunidades indígenas que ya habían presentado su inquietud por escrito en tres acciones reiterativas.

A pesar de las largas horas que duró la reunión, los indignados han asegurado que posteriormente no se les ha dado ni una sola propuesta para solucionar el conflicto.

La desesperación de los indígenas ha llegado ahora hasta la Presidencia de la República, donde han advertido que no tolerarán el estancamiento de los procesos y la puesta en firme de una sentencia que favorece a toda una familia en lugar de a una comunidad.