Etanol: el drama del negocio que el Estado impulsa y repele

Las bodegas están repletas de azúcar y la planta está apagada. Lo único que se escucha es el remolino del viento y el zumbido de las abejas que merodean el silo verde de la entrada del ingenio San Carlos, en Las Cabras, donde la compañía Campos de Pesé destila el alcohol que se mezcla en el combustible del poco más de un millón de autos panameños.

O tal vez sea preciso hablar en pasado: el etanol que se mezclaba. El Estado, que en 2007, durante la administración de Martín Torrijos, se comprometió —con la "diplomacia del etanol"— a servir como trampolín para llevar el biocarburante brasileño a Estados Unidos, es el mismo que ha decidido darle un giro al negocio.

En lo judicial, dos investigaciones, por la contaminación del río La Villa con vinaza, tienen parada la industria desde junio pasado. En lo económico, el gobierno decretó, en agosto pasado, la reducción del precio por litro pactado entre la productora y el gobierno de Ricardo Martinelli. Y en lo político, la Asamblea discute, desde julio, derribar la obligatoriedad de su consumo.

¿Cuándo y por qué el giro del timón? Las teorías son incontables y se tejen entre sombras y luces y verdades a medias.

Lea la primera entrega: Etanol: de Brasil a Panamá (y de allí, al traste)

Navegar y naufragar

Un complejo industrial a 20 kilómetros al oeste de Chitré procesa toda la caña que es convertida en etanol. El trabajo empieza con la llegada del junco de campos distribuidos entre Los Santos, Herrera y Coclé, el 60% de ellos alquilados. La materia prima se corta y se seca. Se desmenuza y se le extrae el alcohol, que luego es destilado hasta conseguir etanol.

Rafael González Fernández-Pacheco, presidente de Campos de Pesé, explica que desde 2013 la empresa ha producido unos 18 millones de litros por año.

El combustible dulce es despachado a dos estaciones (en Bahía Las Minas y otra cerca de Rodman, en Arraiján), donde se incorpora a la gasolina. Luego va a las surtidoras.

Hasta agosto pasado, la Ley 42 de 2011 obligaba a las petroleras Chevron, Puma, Terpel y Delta a comprar etanol a $1.22 el litro, para mezclarlo con 20 litros de gasolina (cuyo precio tope ahora llega a $1.08).

Escena 1: las petroleras

La fórmula era un zarpazo al bolsillo de las petroleras, que por cada ración de etanol en un litro de combustible debían desembolsar $0.06 y restar lo que se dejara de percibir por la venta de la misma fracción de gasolina.

Esto sustenta el planteamiento del empresario azucarero Anel ‘Bolo’ Flores, quien explica que, justamente, fueron las petroleras las principales detractoras de la Ley 42, que estableció el consumo obligatorio del etanol.

‘Siempre ha habido mucha oposición de parte de ellas’, insiste. Incluso, desde la discusión de la ley, que empezó en 2008, con Martín Torrijos al poder.

El argumento es global. Las petroleras han sido las principales críticas de la industria de la gasolina verde.

Hugo Chávez sostenía que promover el negocio del etanol a base de maíz y de caña de azúcar era un atentado contra la seguridad alimentaria.

En el terreno local, hay quienes piensan que el gobierno de Juan Carlos Varela ha sucumbido ante una presión de las petroleras, al ordenar que el precio de venta del etanol se regule con el del mercado mundial, como el de la gasolina. Pero la Secretaría de Energía tacha tales argumentos de falsos.

Panamá, insiste, tiene el precio por litro más alto de la región. La media es de $0.56, la mitad de lo que cuesta comprar el biocombustible aquí. El problema, aseguró el secretario Víctor Urrutia, es que el etanol no era tan barato como había prometido Martinelli. Y Varela salió a poner el pecho.

González Fernández-Pacheco matiza, sin embargo, que el precio no se corresponde al del mercado panameño, por simplemente tener una industria más ‘primaria’. Asegura que los costos de producción son mayores y ‘no se cubren con el nuevo precio fijado por el gobierno’ (razonamiento que Urrutia refuta al señalar que al negocio del etanol se le dan exenciones fiscales).

La modificación del precio supone que baje hasta $0.80 el litro. ‘La empresa no ha reportado ganancias’ en año y medio de operación, insiste González, añadiendo que ‘la inversión debía retornar en ocho años’.

El entremés

Campos de Pesé es la pieza más importante de Alcoholes del Istmo, una destilería que desde 1997 produce alcohol medicinal para la Caja de Seguro Social, la base del ron Carta Vieja y ahora del seco SL. Hasta hace un par de años surtió a Varela Hermanos, la licorera familiar en la que el presidente Varela participa.

Los expertos aseguran que en el negocio del etanol los primeros protagonistas son siempre las plantas destiladoras de alcohol. ‘Porque ya tienen parte de la infraestructura’, explica Flores. El costo de la inversión alcanza hasta los $100 millones y su construcción tarda dos años.

Campos de Pesé opera el negocio entre tres: el Grupo Pellas (del magnate nicaragüense Carlos Pellas), el propio González Fernández-Pacheco y un socio panameño, cuya identidad prefieren mantener en secreto.

Pellas, amplió González Fernández-Pacheco, entró en el negocio en 2009, cuando la empresa necesitaba un préstamo que el Banco de Desarrollo Agropecuario le había prometido, y que no cuajó.

Escena 2: Martinelli

Los entendidos también consideran los argumentos del gobierno de Varela como un proyectil hacia Martinelli, su archirrival político. Fue su administración la que pactó las condiciones del negocio del etanol, con un ‘superprecio’, del cual él mismo pasaría a obtener réditos, a través del ingenio azucarero La Victoria.

Dicha planta pidió en 2013 la autorización para funcionar, y todo apunta a que el próximo año entrará en operaciones, cuando el mercado demande hasta 7% de etanol en el combustible.

‘Nosotros no tenemos que ver nada con Martinelli’, insiste González Fernández-Pacheco, quien explica que el negocio (para el cual su empresa pidió crédito a la banca nacional y hoy, dice, deben $88 millones), tiene espacio para nuevos actores: el próximo año, el país necesitará hasta 55 millones de litros, casi 30% más de lo que demanda ahora.

La Estrella de Panamá intentó una versión del expresidente, por vía su vocero, Luis Eduardo Camacho, pero las respuestas fueron siempre negativas.

—Le he recomendado que no se meta en eso (...) que eso es entre el gobierno Varela y Campos de Pesé—, punza.

EL SOMBRÍO ESCENARIO LEGAL Y JUDICIAL

‘Monopolio’, concluye la Asamblea Nacional. ‘Contaminante’, esgrime el Ministerio Público de Herrera. Lo del etanol en Panamá es un escenario sombrío.

Un proyecto de ley que cursan los diputados podría suspender su consumo obligatorio, tal cual sucede en mercados consolidados, como Brasil (mínimo 25%) o Estados Unidos.

Pero por ahora no hay nada que cambiar: hace mes y medio no se surte el biocombustible, primero por decisión de Campos de Pesé, después porque el gobierno rebajó el precio de venta por litro, y luego por restricción judicial que detuvo los trabajos en la planta.

La medida cautelar es preventiva, explica la justicia de Herrera, tras el derrame del colorante vinaza y el herbicida atrazina en el río La Villa, ambas contaminaciones imputadas a Campos de Pesé. ‘Fue apresurado’, rebatieron recientemente los diputados Raúl Pineda y Yanibel Ábrego, al considerar que el cierre de la planta dejaba sin trabajo a poco más de 2,000 personas.

La productora rebate que ha habido malintención en las investigaciones (por lo que la semana pasada impugnó a la fiscal del caso, Enereida Barría).